El anuncio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre acumular 16 meses consecutivos sin liberar a personas migrantes capturadas en la frontera suroeste estadounidense, es sumamente preocupante e inexplicable que las cancillerías de países como Guatemala, Honduras, El Salvador entre otros no se hayan pronunciado al respecto e informado del número de sus respectivos connacionales que se encuentran detenidos por tan largo período, debiendo solicitar su liberación y su deportación a sus respectivos países.
Debo enfatizar que las detenciones de personas inmigrantes por 16 meses consecutivos, marca un giro drástico en la geopolítica migratoria del continente y lo que para las autoridades estadounidenses en Washington representa un récord de contención e indicadores de cruces irregulares de personas migrantes calificándolo como históricamente bajos, para los gobiernos de las naciones de origen de estas personas, debe de haberse traducido en una alarma diplomática y social que no se puede ignorar, pero que se ha ignorado, lo que es vergonzoso, por lo que deberían informar de las acciones realizadas por parte del Embajador de Guatemala, los funcionarios de la Cancillería guatemalteca, contar con un informe pormenorizado de las visitas efectuadas en el lugar por autoridades consulares, así como de los miembros de la Comisión de Migrantes del Congreso de la República citando a los funcionarios para solicitar informe y explicaciones de acciones realizadas o no efectuadas y requerirlas.
Un cambio de paradigma en el control fronterizo
Históricamente, la práctica de liberar temporalmente a determinados migrantes bajo palabra (catch and reléase) o con citaciones judiciales servía como una válvula de escape operativa ante el hacinamiento en los centros de detención. Por lo que al efectuarse el cierre definitivo de esta vía por el gobierno republicano de la administración Trump por más de un año, demuestra la consolidación de un esquema de disuasión estricta, basado en dos únicas salidas inmediatas: la detención expedita o la deportación acelerada.
El analista migratorio guatemalteco Fernando Castro Molina ha advertido con atino sobre la gravedad de este escenario. Esta política no sólo desincentiva el tránsito, sino que transforma la experiencia de los migrantes en una carrera con margen nulo de procesamiento civil dentro del territorio estadounidense.
El llamado urgente a la diplomacia centroamericana
Este fenómeno impacta directamente a los países del Triángulo Norte de Centroamérica entre ellos Guatemala, Honduras y El Salvador, mientras en el norte se celebran las cifras de retención de personas migrantes, en el sur prevalece una preocupante opacidad sobre las condiciones de vida, los procesos legales y el estado real de miles de connacionales retenidos de dichos países y de otros.
Ante la penosa situación descrita, las cancillerías y consulados regionales están obligados a reaccionar con mayor firmeza: al exigir rendición de cuentas, monitorear de forma prioritaria el trato que reciben sus respectivos connacionales, la asistencia médica que reciben y que prevalezca el derecho humano a la salud de las personas privadas de libertad en la frontera de Estados Unidos.
Presentación de Informes por parte de los funcionarios consulares en forma detallada, considerando el emitir censos e informes continuos sobre cuántos connacionales permanecen bajo custodia federal estadounidense, a la vez los abogados que están contratados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en los consulados ubicados en Estados Unidos, deberían brindar la asesoría a las familias para evitar el viaje bajo falsas expectativas de liberación provisional.
Una crisis que solo se desplaza
El gobierno de Estados Unidos debe reflexionar que el frenar las liberaciones de personas migrantes de diferentes nacionalidades, no resuelve de raíz las causas que obligan a miles de personas a huir de la falta de oportunidades, la falta de empleo, la violencia o el cambio climático así como la falta de desarrollo de los países como es el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Ya que al estrangular las vías formales de recepción en la Frontera Sur de Estados Unidos, la presión social simplemente se retiene del lado mexicano o se traslada a las economías locales de los países centroamericanos vía deportación masiva, engrosando la pobreza o pobreza extrema, así como el desempleo existente.
Es indispensable que los gobiernos regionales dejen la neutralidad pasiva ante el gobierno de Estados Unidos y deban responder a la política de cero liberaciones ya que afectan a cientos de personas tanto moral y psicológicamente, por lo que el exigir transparencia humanitaria hacia los migrantes, redoblar los esfuerzos de desarrollo local para que migrar deje de ser la única opción de supervivencia.
Hago un llamado a la Autoridad Migratoria Nacional, presidida por la licenciada Karin Herrera, vicepresidente de la República de Guatemala a que accione en el caso de los connacionales que se encuentren detenidos por 16 meses en Estados Unidos, requieran informe pormenorizado a los funcionarios de la Cancillería guatemalteca de las actuaciones efectuadas, así como a la Pastoral de Movilidad Humana de intervenir ante el gobierno de Guatemala y a la Procuraduría de Derechos Humanos de intervenir en favor de connacionales detenidos requiriendo informe de acciones realizadas, no puede quedarse con esa pasividad de funcionarios, mientras otros sufren detención en Estados Unidos, debe actuarse de forma responsable por parte de los gobiernos.
