“Las manifestaciones y los bloqueos no son la forma ideal, pero sí entiendo que hay un momento que, si no es así, no se logra algún objetivo porque si no, no les ponen atención a los problemas”. – Álvaro Zepeda, director, Cámara Guatemalteca de la Construcción
¿Qué vino primero, la gallina o el huevo? La realidad es que una buena parte de la población guatemalteca está intentando –claro está, de la manera menos indicada–, forzar a un gobierno corrupto al estricto cumplimiento de la ley. Es indiscutible que Bernardo Arévalo y Karin Herrera son, respectivamente, el presidente y la vicepresidenta electos, y deben de tomar posesión de su cargo el día 14 de enero a las 14.00 horas. La voluntad del pueblo debe de ser respetada y la transferencia del poder a quienes ganaron las elecciones por mayoría de votos es innegociable. Sin embargo, el gobierno de turno está empecinado en detentar el poder, pues la llegada del elegido representa un riesgo sin precedentes para el mafioso sistema que nos ha gobernado desde hace mucho tiempo. Para las corruptas autoridades actuales, permitir que llegue a tomar posesión el nuevo gobierno significa abrir la puerta a la posibilidad de un cambio real en la manera de manejar la cosa pública; lo que atenta en contra de los intereses de aquellos que históricamente se han beneficiado del poder y la corrupción. Esta posibilidad despierta los peores fantasmas, de como bien dice Lionel Toriello: “Una mayoría de la minoría que ve en el próximo gobierno –aunque no sea cierto–, el inicio de un proceso que nos llevará al comunismo, y con esa convicción ya no hay argumento que pueda convencerlos de la legitimidad de la rebelión popular”. Estos se suman al actuar irracional e ilegal del gobierno de Alejandro Giammattei, que, con el apoyo del Ministerio Público y otros actores corruptos, han cometido atrocidades con tal de impedir que Arévalo y Herrera asuman el control del Ejecutivo.
La estrategia de perpetuar el sistema de cooptación del Estado no rindió los frutos esperados, dejando fuera a las y los candidatos a quienes se les había allanado el camino. No bastó con sacar de la contienda a las opciones incómodas, pues ante el fracaso en las urnas de sus gallos y gallinas se dieron a la tarea de fabricar “ilegalidades” al partido Movimiento Semilla y sus candidatos. Las Cortes, confeccionadas a la medida del “establishment”, han mantenido este proceso a flote permaneciendo en un área gris que permite que el Ministerio Público continúe con su plan.
¿Cómo abordar el tema de los bloqueos ante un sistema que abiertamente y en total impunidad opera desde la ilegalidad? ¿Con qué solvencia se puede hablar de derechos constitucionales, cuando los mismos no son respetados para todos? ¿Valen más los derechos de unos que los de los otros? Sin ver la película completa es imposible juzgar una escena, y más aún si se juzga porque esta me afecta directamente. Una ilegalidad es una ilegalidad independientemente de quién la cometa, el problema radica en la manera subjetiva en la que se toleran unas y no otras según los intereses o la indiferencia de cada uno. ¿Son los bloqueos el huevo o la gallina?
Lo que en estos días vivimos en Guatemala no es fácil para nadie. El bloqueo de carreteras es una medida que nos perjudica a todos. Pensar que los 48 Catones de Totonicapán no se ven afectados por estas acciones es tan ingenuo como pensar que la desmesurada corrupción en la que vivimos no cobra su factura. Como bien dice el director de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, Álvaro Zepeda: “Las manifestaciones y los bloqueos no son la forma ideal, pero sí entiendo que hay un momento que, si no es así, no se logra algún objetivo porque si no, no les ponen atención a los problemas”.
¿Cómo se le pone un alto a la corrupción, si los corruptos nos siguen gobernando? ¿Cómo se defiende la democracia cuando los actores corruptos hacen caso omiso de la presión ciudadana, de las cámaras empresariales, de la sociedad civil, de la comunidad internacional, entre otros? ¿Qué debe de hacer la ciudadanía cuando un puñado de poderosos operan desde la ilegalidad y vulneran los derechos constitucionales de la mayoría? ¿Seguir sobreviviendo? ¿Seguir permitiendo que los puestos de salud y los hospitales continúen desabastecidos, aunque las carreteras estén despejadas? ¿Seguir tolerando a políticos que solo llegan a robar, entre tantas otras cosas que nos afectan a todos y a las que nos hemos resignado? No lo sé, pero sí sé que el hartazgo en los diferentes sectores de la población llegó al límite y no están dispuestos a tolerar más desmanes. Sobre todo, cuando la oportunidad de cambio está siendo vedada por quienes se oponen a que el país tome un curso diferente. La salida de este atolladero es sencilla. Seamos congruentes con nuestro actuar y así como tenemos la gallardía de condenar los bloqueos y las formas de quienes están intentando forzar a un gobierno corrupto y abusivo a cumplir la ley básica de las repúblicas democráticas, exijamos la expulsión o renuncia de los funcionarios que atentan en contra de nuestros derechos y ponen en riesgo nuestra democracia.
