Al escribir estas líneas, el Congreso aún discutía, por objeciones planteadas por el partido Vamos, la aprobación del Decreto 22-2026 que exoneraría temporalmente el IDP (Impuesto a la Distribución del Petróleo) y el IVA (Impuesto al Valor Agregado) para los combustibles hasta el 31 de diciembre. Este decreto se da como respuesta a la crisis energética mundial, ocasionada por el incremento de los precios del petróleo, que a su vez se deriva de los conflictos bélicos en Oriente Medio y en el este de Europa.
De todas las medidas que podían tomar nuestras autoridades, creo que esta sería la menos mala. Sin embargo, también es válido preguntarse cómo nos beneficia esta medida y también cómo nos afectará más adelante, es decir, qué consecuencias tendrá para nosotros, ciudadanos comunes, exonerar temporalmente el pago de estos dos impuestos a los combustibles.
Cierto es que el bolsillo de todos nosotros se ve muy afectado por esta crisis energética que ha golpeado a todo el mundo. Sin embargo, al analizar las medidas que se implementarán, las mismas carecen de un verdadero sustento técnico, más bien son coyunturales. Los nuevos precios parten de un “precio de referencia actual” por galón para cada tipo de combustible (Superior, Regular y Diésel), se les resta el IVA y luego el IDP y así se determinan los “nuevos precios”. De acuerdo con los diputados, el ahorro previsto en gasolina Superior será de Q9.41 por galón, en gasolina Regular será de Q9.10 por galón y en Diésel será de Q6.34 por galón, es decir, el ahorro por galón que tendrá el diésel será un 37% menor que el ahorro que tendrá la gasolina Superior. Es obvio que, en un análisis coyuntural como este, no se está tomando en cuenta que el diésel es el combustible que más se utiliza para maquinaria pesada, transporte de mercaderías, maquinaria agrícola, maquinaria industrial, medios de transporte masivo de personas, entre otros usos.
Dicho de otra forma, la mayor parte de las cadenas productivas y logísticas en el país continuarán teniendo un impacto importante en sus costos.
El “sacrificio fiscal” como los diputados denominan a los impuestos que se dejarán de recaudar, será de un poco más de mil trescientos millones de quetzales para el IDP y un poco menos de dos mil millones de quetzales para el IVA, según lo indica el mismo decreto, en el que también instruye al Ministerio de Finanzas a realizar las adecuaciones presupuestarias que se necesiten hacer para que los fondos destinados a Covial, a las Municipalidades, así como a los fondos para la paz y el desarrollo. No dicen los diputados, menos el Minfin, que los impuestos que dejarán de recaudar con este decreto, los repondrá la SAT (porque su meta seguirá siendo la misma) hostigando a las pequeñas y medianas empresas, cambiando discrecionalmente partidas arancelarias para recaudar más en aduanas, por poner dos ejemplos.
Los funcionarios, sean presidentes, ministros, diputados o alcaldes, nos han demostrado que ellos velan únicamente y exclusivamente por el derecho de su nariz. Nada más.
