Emilio Matta

emiliomattasaravia@gmail.com

Esposo y padre. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, Certificado en Métodos de Pronósticos por Florida International University. 24 años de trayectoria profesional en las áreas de Operaciones, Logística y Finanzas en empresas industriales, comerciales y de servicios, empresario y columnista en La Hora.

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Es un hecho positivo que el presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera hayan tomado la decisión de reducirse su salario en un 25%.  Aún así son el presidente y vicepresidenta mejor pagados de Centroamérica y los segundos mejor pagados de Latinoamérica.  Reducir su salario a la mitad para equipararlos a los de los mandatarios de Chile y Colombia, que ocupan la tercera y cuarta posición, respectivamente, hubiese sido más sensato, en mi humilde opinión.  Vale decir que el “médico” Giammattei ni siquiera lo consideró y el comediante Morales ofreció, mas no cumplió, donar un 60% del mismo.

Aunque es un paso hacia adelante, el mismo es insuficiente y se queda muy corto.  En su campaña electoral, Arévalo ofreció durante su campaña presidencial rebajarse su sueldo desde el primer día, tardó un poco más de cien para hacerlo.  De igual forma se comprometió a hacer una revisión de los salarios de los altos miembros del gobierno, que no sólo deben ser los ministros, sino que también viceministros y secretarios.  Los sueldos de los ministros oscilan entre 35 y 50 mil quetzales.  Sin embargo, a los sueldos se deben agregar las dietas que los ministros, viceministros, secretarios y otros funcionarios, perciben por asistir a distintas reuniones.  Entre todas las dietas, un alto funcionario de gobierno puede alcanzar ingresos de 40 mil quetzales mensuales, o más, llegando incluso a duplicar su sueldo.  La revisión y reestructuración hacia la baja de los salarios y dietas de ministros, viceministros y secretarios es una tarea impostergable del Presidente Arévalo.

Otro hecho beneficioso para el país fue la emisión el día de ayer, por parte del presidente Arévalo, de las Directrices presidenciales aplicables a la asignación y uso de vehículos oficiales del Organismo Ejecutivo.  Estas directrices fueron publicadas en el Diario Oficial y entrarán en vigencia inmediatamente, según se supo.  A raíz de la destitución de la exministra de Ambiente por uso inadecuado de vehículos y seguridad del Estado, veo con muy buenos ojos esta directriz que ayudará a reducir la prepotencia y altanería con la que actúan los funcionarios públicos por el simple hecho de tener vehículos del Estado asignados para su uso personal.  Algunas de las prohibiciones son: utilizarlos con fines distintos a los autorizados, para beneficio personal o de terceros, circular sin placas visibles en la parte frontal o posterior (esto es indispensable para todo vehículo, oficial o no, emplear los vehículos para actividades electorales o partidistas, hacer valer el cargo público para pretender inobservar la normativa en materia de tránsito u obtener un trato preferencial, el cual es otro abuso que a diario comenten los funcionarios públicos de todo tipo únicamente por utilizar vehículos públicos.

A cien días desde que tomó posesión el binomio de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, veo muchos más desatinos que aciertos.  Estos pasos, aunque parezcan sencillos y hasta triviales, creo que ayudan al gobernante a ganar tiempo mostrando una imagen de un gobierno menos prepotente que los anteriores.  Desafíos como combatir la desnutrición, la corrupción, mejorar los sistemas de salud y educación, así como la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, son asignaturas pendientes en estos primeros cien días de gobierno.  De igual forma, la impericia de los diputados oficialistas, principalmente su líder, para negociar con los bloques de oposición, ha impedido lograr consensos y poder tener una agenda mínima de país.

Los principales retos de este gobierno siguen allí, pendientes, y son impostergables.

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