No se puede exigir un derecho vedándole otro derecho a alguien más. Benito Juárez lo resumió con su célebre frase “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Cuando los 48 cantones iniciaron los bloqueos hace menos de dos semanas, estos fueron pacíficos, no hubo coacciones de ningún tipo y cuando vinieron a la capital, se plantaron frente al MP y fueron a otras instancias como la CC a manifestar pacíficamente. Nadie los escuchó. Fue hasta que a las manifestaciones se unieron otros grupos, que iniciaron los actos violentos. Incluso, grupos bien dirigidos y organizados han infiltrado varias manifestaciones con personas con el rostro cubierto que han llegado a incitar a la violencia realizando actos vandálicos. Lo anterior ha exacerbado el caos y las agresiones a terceros o a comercios.
Tampoco hay que perder de vista quiénes son los responsables de la situación que se vive actualmente en el país. Todo esto se debe a la tozudez de quienes hoy por hoy dirigen las acciones del Ministerio Público para forzar la anulación y posterior repetición de todo el proceso electoral 2023. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad ha secuestrado los documentos que prácticamente legitiman las elecciones 2023, rompiendo la cadena de custodia, y seguramente ya han realizado manipulaciones de los mismos para solicitar la nulidad de las elecciones. Netcenters afines a los fiscales de facto confirman este extremo.
No podemos dejar de lado que, al presidente de Guatemala, actor principal en todo este enredo, lo asesoran expertos en manejo de crisis, que obviamente le aconsejan prolongar y exacerbar la crisis para poder sumar apoyos que ya había perdido. Por cierto, al presidente, a la fiscal general, a los diputados, ministros y demás funcionarios públicos, no les afecta en lo más mínimo los bloqueos. Ellos se trasladan muy cómodamente en helicópteros. Estos viajes, además, los pagamos todos nosotros, los tributarios.
La cadena nacional del lunes por la noche, primera aparición en público del presidente desde que se desató toda esta crisis, es reveladora. El hecho de pedir a los líderes de las manifestaciones sentarse en la mesa a dialogar sin siquiera mencionar a la fiscal general y al fiscal Curruchiche, a pesar de que su renuncia es parte toral de las peticiones de los manifestantes, nos da mucha claridad en cuanto a su presunto involucramiento, sea directo o indirecto. No está de más mencionar el socorrido uso, por parte del gobernante, de la palabra “desestabilización” para calificar las manifestaciones. Esta se escucha con frecuencia en discursos de los gobernantes de Venezuela y Nicaragua. Juzgue usted, estimado lector. Supuestas comunicaciones escritas entre el mandatario y la fiscal con instrucciones y requerimientos muy precisos (que los departamentos de comunicación de la Presidencia y del MP niegan, por supuesto) revelan que la intención es traerse abajo las elecciones 2023. Llamar a la paz y la concordia, a la unidad que él (Giammattei) no representa a pesar de su investidura, es un acto más del cinismo que lo ha caracterizado desde que asumió en 2020.
Los impactos de este paro para la economía nacional serán funestos. Y quienes sufrirán las consecuencias, por supuesto, serán los más vulnerables, las capas bajas y medias, porque estas medidas que han ocasionado quiebres importantes en las distintas cadenas de suministros a nivel nacional van a provocar escasez de productos en las próximas semanas y meses, lo que a su vez acarreará inflación. Los principales responsables de esto serán, obviamente, quienes se rehúsan a renunciar a sus cargos, pero también quienes insisten en mantenerlos allí y tratan de desviar la atención de toda esta situación hacia temas irrelevantes, con tal de mantener las “investigaciones” que cumplan con el objetivo de hacer borrón y cuenta nueva con las elecciones 2023.
