El mes de octubre –casi ochenta años después de la primavera democrática de Arévalo y de Árbenz– continúa siendo el mes de las luchas populares por la democracia esta vez caracterizado por la más grande, descentralizada y espontánea movilización popular, que se ha visto en la historia de este país, en protesta por los desmanes de una fiscal general cooptada por el pacto de corruptos. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, esta vez la conducción de la movilización social no ha recaído en las clases medias urbanas, sino que en el mundo rural y campesino, especialmente en los pueblos originarios con la muy particular y destacada participación del pueblo k’iché de los 48 Cantones. Y no por casualidad, porque ya en anteriores artículos nos hemos referido a la muy arraigada y profunda vocación democrática de los pueblos indígenas de Totonicapán, algo que proviene de su sistema comunal de gobierno y al hecho que en sus comunidades se practica una democracia directa solo comparable con la que existe en los cantones suizos, a lo cual debe agregarse la historia de ese colectivo social que ya desde 1820 se rebeló contra el dominio español conducido por personajes como Atanasio Tzul y Lucas Aguilar. Ese conocimiento y práctica de la democracia les ha permitido poseer convicciones políticas cuya expresión ahora no sólo es local, sino que ha comenzado a expresarse de manera cada vez más firme a escala nacional, como preludio de algo que se vendrá con más fuerza en el futuro próximo. En efecto, dentro de las reivindicaciones que ahora exponen los 48 Cantones, estas van desde la no renovación del contrato con la petrolera PERENCO hasta su oposición a la propuesta de una ley de amnistía por los corruptos en el Congreso, pasando por las objeciones para que sea la actual legislatura la que intervenga en la renovación de las Cortes que deberían quedar integradas por la legislatura que se inaugura con el gobierno de Semilla. Encontramos así todos los grandes temas nacionales de la coyuntura presente en la agenda de los 48 Cantones.
El rechazo y la indignación del pueblo soberano ante a la forma cómo agentes bajo la conducción de Curruchiche –el secuaz de Porras en el MP– intervinieron ilegalmente en el TSE para secuestrar papelería electoral buscando cuestionar no sólo la voluntad soberana de los dos millones y medio de ciudadanos que emitimos nuestro voto por Bernardo Arévalo y Karin Herrera sino también la participación de los más de 125,000 ciudadanos que voluntariamente estuvieron presentes en las Juntas Receptoras de Votos y demás instancias electorales. Dicho rechazo e indignación fueron canalizados eficazmente en demostraciones pacíficas de protesta a escala nacional, que están siendo coordinados principalmente por la dirigencia de los 48 Cantones, además de las Autoridades Ancestrales, fortaleciendo así las demandas ciudadanas para terminar con las violaciones a la Constitución –ante el vergonzoso silencio cómplice de la CC– y legislación electoral, así como al irrespeto a la autoridad del TSE, exigiendo acatar la voluntad popular expresada en las urnas y, como mínimo, la renuncia de los responsables de tales atropellos (Porras, Curruchiche y Orellana).
De manera que al liderazgo de la Junta Directiva de los alcaldes comunales de los 48 Cantones y las Autoridades Ancestrales hay que añadir a los dirigentes del Parlamento del pueblo Xinca, la municipalidad indígena de Sololá, las alcaldías indígenas del triángulo ixil (Nebaj, Chajul y Cotzal), la municipalidad indígena de Santa Lucía Utatlán, las comunidades Indígenas de Chichicastenango y de las 14 comunidades de San Cristóbal Totonicapán y muchas otras entidades de los pueblos originarios cuya enumeración completa sería demasiado extensa. Incluso el MLP y CODECA (tratando de “llevar agua a su molino”) se pronunciaron manifestando su adhesión a la movilización popular, al igual que cientos de miles de ciudadanos de las clases medias urbanas y entidades como las universidades, cámaras empresariales, los mercados públicos, el CNE, empresas particulares como la librería Sophos y otras, al igual que múltiples organizaciones de la sociedad civil que espontáneamente han contribuido al Gran Paro Nacional destinado a impedir que el pacto de corruptos se salga con la suya con el golpe de Estado. El propio presidente electo –después de interrumpir un viaje a México que debía continuar hacia Estados Unidos quiso sumarse brevemente a las manifestaciones– pero pronto comprendió que la movilización no podía ni debía ser conducida por Semilla, porque se trata de la defensa de la democracia, algo que incumbe a todos los guatemaltecos por igual, sin distinción de ideologías políticas, creencias religiosas, clases sociales, adscripciones étnico-culturales o cualquier otro criterio aplicable a la abigarrada diversidad de esta nación guatemalteca a la que todos pertenecemos.
A pesar de ello, en un mensaje pregrabado que se transmitió por cadena nacional el lunes 9 de octubre (cuando se cumplía más de una semana de movilizaciones populares), Giammattei trató, de manera ridícula y absurda, de responsabilizar a Bernardo Arévalo por los “desmanes” y “actos de vandalismo” que –según él– estaban siendo cometidos por los manifestantes, algo que obligaría a su gobierno a reprimirlos. El Presidente Electo respondió que las protestas estaban dirigidas por las Autoridades Ancestrales, que las mismas eran pacíficas y que los actos de vandalismo cometidos en la Plaza de la Constitución por grupos de choque infiltrados (muy probablemente pagados por el mismo gobierno o por entidades como Fundaterror) eran del todo ajenos a los manifestantes, pues ellos mismos pidieron a los grupos antimotines de la Policía Nacional Civil intervenir para detener a los infiltrados (circuló un video en donde se muestra todo esto, ya en horas de la noche) sin que los antimotines intervinieran, evidenciando la complicidad del gobierno en dichas acciones violentas. Hay que esperar que esto no sirva de pretexto para reprimir la movilización social.
A todo lo anterior habría que agregar el importante papel que está jugando la comunidad internacional para tratar de ayudar en la solución de esta gravísima crisis sociopolítica provocada por la irresponsabilidad de Giammattei. Desde el Secretario de Estado Antony Blinken hasta el presidente Gustavo Petro, pasado por AMLO (que se fotografió junto al presidente electo y su futuro canciller, Carlos Ramiro Martínez, al igual que la canciller mexicana Alicia Bárcena) el Parlamento Europeo y, por supuesto la OEA han jugado un papel de considerable importancia. La mediación de la OEA debería propiciar negociaciones con las autoridades de los 48 Cantones si es que la terquedad y obstinación de Giammattei y de Porras, que tanto daño le está causando al país, no ceden. También están llamados a intervenir para convencer al Presidente en funciones que ya basta de tratar de impedir el cambio de gobierno como manda la Constitución y la voluntad del pueblo –único soberano de Guatemala– son los integrantes del poder económico. En efecto, o el CACIF interviene para que Giammattei y Porras depongan su contumaz intransigencia o se exponen a las sanciones que Estados Unidos puede imponerles. Por el bien de todos va siendo hora que los empresarios dignos y honestos ejerzan mayor presión sobre aquellas entidades que, supuestamente, representan sus intereses, porque claramente no lo están haciendo.
