Emilio Matta Saravia
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“No es que los puentes se hagan mal, sino que cada vez es más agua la que pasa”. Este cínico comentario lo hizo el presidente Giammattei el día de ayer en una reunión de CONADUR, cuando solicitaba apoyo de los miembros de dicho Consejo.
En primer lugar, el mandatario carece de una base estadística para afirmar que cada vez cae más lluvia en el territorio nacional. Estoy seguro de que tanto el Instituto Nacional de Estadística como el Instituto de Sismología, Vulcanología y Meteorología tienen bases de datos detalladas con las que esta información puede ser corroborada. Con la limitada información disponible en internet, no logré encontrar que existiera evidencia que comprobara la afirmación del presidente.
En segundo lugar, coincido con el gobernante en que los puentes no se hacen mal. Pésimo es un mejor adjetivo para describir la calidad de los puentes en nuestro país. No es secreto que ahora los contratistas de obra pública del Estado son los mismos diputados y alcaldes, quienes alquilan empresas que son manejadas por parientes, allegados o testaferros para adjudicarse obras con las que podrán lucrar, junto a los funcionarios del gobierno encargados de adjudicar y pagar las obras contratadas. Eso sí, previo tributo al rey. La metodología es muy sencilla: se sobrevalora la obra, la misma se adjudica a la empresa apalabrada, se pagan las coimas correspondientes, se construye con materiales y especificaciones muy por debajo de lo licitado, y los “empresarios” se quedan con una enorme tajada del pastel.
Y como si no les bastara tanta corrupción, el día de ayer el Congreso, no sólo ratificó el Estado de Calamidad para los 8 departamentos que el Ejecutivo había solicitado, sino que lo amplió a todo el territorio nacional, con vistas a extenderlo más allá del plazo decretado. Los estados de calamidad permiten a los ministerios y a las municipalidades utilizar fondos de forma ilimitada, sin ningún tipo de control, para atender las emergencias que puede provocar el clima o un desastre natural. La atención de las emergencias no es el problema. La falta de controles y el creciente abuso por parte de los funcionarios en el manejo de los fondos públicos que se supone deberían servir para atender a los más necesitados en una emergencia son el problema. Se espera que se destinen más de 6 mil millones de quetzales para atender este Estado de Calamidad dispuesto por el Ejecutivo, para los cuales no existirá ningún tipo de control. Se ha escuchado también sobre ampliaciones para el presupuesto de este año. Es una atrocidad que al presupuesto más alto de la historia del país todavía se le tengan que hacer ampliaciones porque “no les alcanza”.
Quienes detentan el poder tienen ya muy bien medida a la población guatemalteca y saben muy bien que no importa el grado de corrupción, latrocinio, las obras mediocres o ampliaciones presupuestarias que se financiarán con aumentos en el nivel de endeudamiento del país. Están claros que nadie moverá un dedo para protestar, para manifestar su descontento.
Nosotros mismos les hemos dado vía libre para transitar a sus anchas por la autopista de la corrupción.
