La “discusión” que se ha desarrollado alrededor de la promulgación de una futura Ley de competencia, merece una reacción crítica. Es una crítica que se puede realizar desde muy diferentes perspectivas. La que en este momento me interesa es la que se refiere a cómo es que se ha librado ese supuesto “intercambio de opiniones” ante la opinión pública.
Al margen de mi particular opinión sobre el eventual sentido e impacto que pueda o deba tener una ley en este tema, lo que me llama la atención y deseo comentar es la manera en la cual se ha dado lo que, en una democracia sana, debería ser un debate de fondo. Pero ninguna de las partes interesadas (ni sus simpatizantes ni sus adversarios) han propiciado ningún tipo de “diálogo o de discusión de fondo” que haya tenido suficiente difusión. Esto me alarma. “Discusión” abierta al público no ha habido. No se han confeccionado ni confrontado argumentos con sustancia. Solo se han enunciado “posiciones”, sin mayor empeño en sustentarlas… Y esto lo lamento como una falencia que no le hace bien al progreso de una democracia en ciernes, sobre todo porque puede anunciar una práctica similar para el próximo futuro y próximos temas.
No distingo que este tema se trate de aprovechar, por ninguna de las partes, para hacer verdadera formación política ciudadana; para enseñar cómo es que ellas deberían presentar de manera seria los argumentos que sustentan sus posiciones; para enseñar cómo es que se debe debatir. Y, a ello, no contribuyen ni los partidos políticos y los grupos de interés involucrados en ninguna de las posiciones, ni una prensa seria (que debería encontrar en estos espacios una oportunidad para contribuir al fortalecimiento que necesita la cultura ciudadana para participar en la Democracia y, de paso, prestigiarse ante esa ciudadanía huérfana de referencias).
Los argumentos que se esgrimen son flacos y, finalmente, vistos así, poco serios. Poco serios porque se sueltan al viento sin mayor sustento. Y poco provechosos porque no abonan más que a ocupar espacio y dar la falsa sensación de que existe alguna discusión abierta que es de fondo, pero sucede que es fantasma.
Veo textos que adversan la iniciativa “porque lo que el país necesita es una verdadera competencia y ésta se daría, sin mayor alaraca, si el ejecutivo derogara los tantos impedimentos burocráticos para poder exportar e importar” (¡sin mencionar cuáles son estos, aunque, seguramente, existen!). Algo así como una preocupación por los empresarios pequeñitos que no se pueden desarrollar porque el “Estado” se los impide. Ignorando que el Estado somos y hemos sido todos nosotros y las autoridades (los gobiernos) han hecho lo que les da la gana porque todos nosotros no hemos hecho nada a favor ni en contra … Han podido actuar en la perfecta nocturnidad y al compás de los que pagan la fiesta.
Veo textos que externan su aversión a la iniciativa manifestando una casi enfermiza preocupación porque se podría estar creando una burocracia adicional. Un aspecto que no es toral para el tema y que se toca sin explicar que, aunque siempre es conveniente que una ley señale de manera específica qué entidad se encargará de hacerla efectiva, bien se podría resolver encargándosela a una entidad ya existente (del Ministerio de Economía, por ejemplo).
No veo que los adversarios a una ley de competencia se recuerden de que el país está plagado de normas o acuerdos que privilegian a unos pocos por encima de las grandes hordas de empresarios medianos y pequeños que también se querrían beneficiar de las promesas de un mercado verdaderamente transparente y prácticas comerciales limpias y justas. Bueno. Se olvidan que en el país siguen existiendo ciudadanos de diferente categoría, así como empresarios de diferente casta u origen. Argumentos todos que hace falta saber llevar a la opinión pública.
Cuando se trata de partidos políticos que adversan la idea -porque los hay-, tampoco se manifiestan como tales. Son sus líderes los que opinan y ya no se atisba si lo hacen por convicciones o conveniencias personales o de partido. Asunto que debería siempre aclararse. No es suficiente con afirmar que se está atentando contra la libertad de industria y de comercio, en este particular caso, y dejarlo así, en abstracto, sin atreverse a describir. Deberían explicar de manera concreta, con ejemplos que se entiendan y resulten razonables. Si no es así, se queda en “posiciones” que adolecen de sustento fáctico.
Y, cuando se trata de los partidos que promueven la aprobación de una ley como la que nos sirve de ejemplo, se evidencia su falta de alcance para dimensionar la oportunidad que se les presenta de brindar formación política a la ciudadanía haciendo ver cómo es que se deben amarrar los principios partidarios con la práctica en el ejercicio del poder público. Se desperdicia la oportunidad de formar ciudadanía, al no señalar o hacer evidente la coherencia lógica entre su propuesta (en este caso, la ley de marras) y las particulares características que tiene y los diferentes enunciados ideológicos y programáticos de sus partidos. La población no nota que las fuerzas políticamente activas (los diputados, por ejemplo) estén obedeciendo a preceptos conceptuales y a valores claros. Eventualmente, aquello por lo cual fue que les concedieron su voto.
