Muchas veces, grandes problemas que de pronto afloran y se manifiestan como el “gran asunto a resolver”, no son más que el resultado de la acumulación de problemas de mucha menor monta o importancia que se fueron dando en el pasado y nunca se supo o se quiso atender con la decisión y el aplomo necesarios. De manera oportuna. En su oportunidad. Problemas de mucho más fácil solución; más fácilmente identificables -y “personalizables”, como podrían decir algunos- y, por ello, abordables y solucionables. Sin mayores espavientos.
Lo anterior, aplica a muchísimos ámbitos. En el familiar cuando, por ejemplo, derivado de una larga práctica de condescender ante pequeños abusos o “malcriadezas” perfectamente identificables y suavemente “enderezarles” de parte de algún hijo, surge de pronto una de dimensiones inaceptables e imposible de corregir.
Sin ir muy lejos, hoy estamos viviendo un ejemplo de lo anterior en el plano de lo político. Preocupa la presencia de un personaje público ubicado en una posición de la que, según se dice, es inamovible por ley. Y los letrados se concentran en discutir las razones por las cuales eso puede o no puede entenderse así legalmente… Lo que está bien así, pero es algo con lo que se olvida la verdadera fuente del embrollo.
Se olvida que se trata de un caso -entre muchísimos más- en que la situación hoy dada creció a partir de múltiples “pequeñeces” que fueron allanando el camino y que, en su momento, no se quisieron ver o afrontar. Todos los pasos previos a “optar”. Pasos que, si lo que se aspira es a tener funcionarios del más alto nivel académico, calidad humana y responsabilidad moral deben ser consistentes y honorables empezando desde el Kindergarten y pasando por todas las instancias contempladas en la vida… ¡aunque muchos no lo quieran creer!
No es por demás que una sociedad se da reglas mínimas que es necesario respetar para la seguridad de todos. Conocer las que aplican en el tráfico resulta evidente como una de las garantías que sirven para la salvaguarda de la integridad de todos. Pero eso no se queda allí. Se necesitan médicos que realmente lo sean así como profesionales de las distintas ramas que no luzcan títulos fabricados para engañar; funcionarios públicos, jueces magistrados y maestros en los que se pueda confiar.
Solo con el ánimo de recordar algo: en la Ley de Comisiones de Postulación aparecen algunos requisitos inventados que muchos podemos cuestionar … pero que ni éstos se respeten y se trasgredan a la vista de todos, es una vergüenza. Siendo que algunos de esos “todos” deberían tener criterio y valor para evaluar, criticar y someter a discusión -incluso en las instancias judiciales- sus correspondientes posiciones. Con la consciencia de que es una función que los distintos gremios deben desempeñar -por el conocimiento temático que dominan- para contribuir a la salvaguarda y la seguridad de todos los connacionales.
Con mi razonamiento, no quiero dejar pábulo a que se entienda que a estas alturas del embrollo político administrativo que estamos viviendo, no se busquen las necesarias fórmulas políticas y jurídicas para “desembrollar lo embrollado”. Lo que deseo es advertir sobre la enorme importancia que tiene la permanente auditoría social y su verificativo en acciones claras y valientes todo el tiempo; partiendo incluso de lo que algunos puedan considerar “nimiedades”. Nimiedades que, a la postre se revela que no lo son.