Edmundo Enrique Vásquez Paz
Lo que a continuación señalo, no es nuevo. Nuevo es el que haya necesidad de recordarlo; pareciendo tan evidente …
Con demasiada frecuencia aparecen en las redes sociales manifestaciones de personas individuales o asociaciones de diversa índole desmintiendo cuestiones expresadas por diferentes funcionarios públicos y tratando de aclararlas. Muchos de esos reclamos y manifiestos, concluyen demandando o exigiendo que …, al fin y al cabo, se cambie la actitud …
Creo que nos equivocamos al expresarnos pidiendo directamente al o a los responsables que corrijan sus actos o confiesen sus mentiras. Parece que aún o tenemos consciencia de que reclamos de este tipo nunca van a ser atendidos por los directamente señalados. En Guatemala no estamos en el Japón, en donde un corrupto pillado comete hara kiri, o en Alemania, en donde, por amor propio o por dignidad, el funcionario a quien públicamente se le demuestra que se pavonea con un título académico que es “chafa”, renuncia, sin intentar recurrir a un juzgado a empeñarse en falsear la justicia.
Se nos olvida que, desde hace ya mucho tiempo no podemos confiar en los valores de los funcionarios a quienes se les reclama ni en los órganos encargados de “contar costillas” y velar por la justicia. Se nos olvida que, en estos extremos, lo que se demanda es la existencia del verdadero Juez en un sistema democrático: el Soberano, ejerciendo su legítima Dueñez.
La manera civilizada y acordada para que el Soberano ejerza su voluntad está en el voto; un diseño para la búsqueda de equilibrios y para la identificación del peso de la voluntad ciudadana en cualquier sentido y que se resume en la fórmula: “1 ciudadano = 1 voto”.
Lamentablemente, en nuestra Guatemala aún no hemos comprendido la responsabilidad que tenemos de votar y hacerlo bien. No reconocemos aún que señalar con el voto de manera clara y contundente qué es lo que demandamos y qué es lo que exigimos es una obligación que tenemos no solamente ante el conglomerado si no que ante cada uno de nosotros mismos. Olvidamos que “el derecho es de quien lo exige”. Y no sabemos exigir.
No entendemos que es necesario construir ese Soberano capaz de aclarar, de una vez por todas y ante todos, que es un Dueño cuidadoso de lo que le es propio y que, por lo mismo, sabe juzgar -con el voto- premiando al que lo merece y sancionando las conductas impropias, mentirosas, abusivas, falsas, torpes, corruptas … (en resumen: las acciones que son lesivas al interés nacional y van en contra del interés común). Un Juez -con mayúscula- con auténtico poder que, por lo mismo, inspire temor y respeto.
¿De qué sirve declarar y denunciar, si todas resultan ser declaraciones y denuncias “al viento”, en el vacío? ¿Escritos que al día siguiente se han olvidado? ¿Tinta y galillo que se malgastan? Lo que se necesita es afectados convencidos de su razón, decididos a hacer valer sus posiciones invitando -con pelos y señales- a las fuerzas que juzguen afines a que se les unan, a que se sumen a la demanda y, de esa manera, llegar a tener el poder suficiente para prometer algún éxito.
La impunidad que tanto nos preocupa, no se da solamente porque los órganos jurisdiccionales, cooptados y corrutos, no sancionan. Se da, principalmente, porque la sociedad no demuestra reacción alguna, porque la sociedad se ha olvidado de ejercer sanción social y porque no existe un Soberano o voz organizada que ejerza su función de Juez supremo en los asuntos de Estado cuando el sistema es el democrático.
Es, por todas las razones antes dichas y por otras muchas más, que lo que se debe trabajar en el país es por la existencia de ciudadanos conscientes y conocedores de sus derechos y de sus obligaciones; y articulados políticamente para ejercer el diseño de su propio futuro como colectividad que se lo merece.