Factor Méndez Doninelli
El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas ONU, proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos DUDH, desde entonces, estos derechos se internacionalizaron y la Humanidad conmemora en esa fecha el Día Internacional de los Derechos Humanos DD. HH. En aquella oportunidad, el Estado de Guatemala mediante sus representantes, firmó esa Declaración y progresivamente ha suscrito otros instrumentos internacionales que comprometen el deber del Estado, obligado a observar y respetar los Derechos Humanos de todas las personas, sin distinción de ninguna naturaleza.
Los Derechos Humanos se distinguen en tres clases: 1) Civiles y Políticos, son derechos individuales o de primera generación. 2) Económicos, Sociales y Culturales, reconocidos como derechos sociales o de segunda generación. 3) Derechos de los Pueblos, de Solidaridad o de la Humanidad, son derechos de tercera generación. Esas tres clases de derechos y libertades fundamentales en su concepto integral, son inherentes a las personas, a nuestra naturaleza de seres humanos, nacieron para protegernos de los abusos del Poder Público y garantizar que los Estados y sus agentes los observen y respeten, sin olvidar, que los únicos sujetos violadores de estos derechos, son el Estado y sus agentes.
En este tema, Guatemala tiene una larga y trágica historia por ser considerado un país violador de derechos y libertades de sus habitantes. Las violaciones graves, masivas, indiscriminadas y sistemáticas más recientes sucedieron durante el Conflicto Armado Interno (CAI), ejecutadas por agentes de las dictaduras militares contrarrevolucionarias y contrainsurgentes. Genocidio, masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas e involuntarias, detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos, violaciones y esclavitud sexual, desplazados, refugiados.
Aquí en Guatemala, la tranquilidad social se alteró por los abusos de todo tipo, que victimizaron a millones de personas. El esclarecedor y voluminoso informe de la Comisión de la Verdad (12 tomos), analiza los hechos y a partir de testimonios desnuda la cruda realidad y el cruel destino de las víctimas de estos abusos. En esa larga noche de terror y pesadilla fueron miles los agraviados e inmolados, entre campesinos, obreros, sindicalistas, maestros, intelectuales, artistas, profesionales, académicos, religiosos, periodistas, políticos y hasta ciudadanos de otras nacionalidades, padecieron las consecuencias de los intolerantes, represivos y sanguinarios agentes de las dictaduras militares. Por esas condiciones, la Organización de las Naciones Unidas ONU, condenó reiteradamente al país y durante varios años se nombró un Relator Especial quien cada año en la Asamblea de la antigua Comisión de Derechos Humanos hoy Consejo, presentaba un informe detallado de la situación de DD. HH. en el país y como la situación era grave, se volvía a nombrar al Relator y a condenar al Estado por su responsabilidad en las violaciones, los abusos y la impunidad.
A partir de la firma del Acuerdo de Paz que este diciembre cumple 20 años, la población confió en la oportunidad y posibilidad de iniciar un cambio que permitiera alcanzar, por fin, el respeto pleno de los DD. HH. y en consecuencia el bienestar común, pero tal situación no existe, por el contrario, ni bienestar común ni respeto a los DD. HH. En Guatemala se continúan violando y el Poder Público sigue abusando de la fuerza y la autoridad, para intimidar y reprimir a la población, ahora de formas más sutiles, criminalizando las luchas y reivindicaciones sociales, judicializando a los dirigentes comunitarios, intimidando y reprimiendo a periodistas, sindicalistas y defensores de Derechos Humanos.
