David Barrientos
La policía guatemalteca desde hace algunos años inició un proceso de mejora en su formación y educación, sin embargo hay temas pendientes, para garantizar la excelencia en el servicio público, entre ellos: la dignificación del personal, ello se manifiesta por las condiciones en las que desarrollan sus labores los efectivos policiales, tema rezagado a lo largo de décadas que requiere de planificación financiera; el fortalecimiento del liderazgo, como elemento esencial para la administración y conducción de personal desde la perspectiva administrativa y operativa; la movilidad, necesaria para el alcance efectivo de sus funciones a lo largo y ancho del territorio nacional; lo anterior muestra que su crecimiento por años no ha sido soportado por una adecuada planificación y recursos necesarios.
La institución policial es solo parte del sistema de seguridad y justicia guatemalteco, pero ellos solos no pueden con la complejidad de la criminalidad, misma que requiere de la integralidad de esfuerzos, y/o articulación del trabajo estatal y nacional en general incluso cooperación internacional. Las agresiones al personal policial en el departamento de Huehuetenango, conocidas en las redes sociales la semana pasada, ponen de manifiesto la descomposición social y el irrespeto a la autoridad; donde además se pudo notar una combinación de prudencia e incertidumbre en los agentes de policía, mismos que no accionaron sus armas de fuego; este elemento es importante resaltarlo pues de haberlo hecho sin duda habría sido fatal el desenlace del desafortunado incidente, que hubiera terminado posiblemente con la vida de guatemaltecos y con persecución penal a otros, y pese a que pudo haber antecedentes al video mediatizado que ahora se desconocen, el hecho de agredir a la autoridad es una muestra de la pérdida de gobernabilidad en esa región del país.
En todo caso la profesión policial requiere de estudios continuos, adiestramientos, visión integral y una conducta ejemplar, lo cual genera condiciones para que el personal uniformado ejerza sus funciones en el marco del respeto mutuo; se hace necesaria también el fomento de una relación policía-ciudadano que permita una relación recíproca de beneficio común, que propicie y construya una cultura de paz y armonía social, con la firmeza que debe imprimir en su accionar una institución responsable de mantener el orden.
Las autoridades competentes deben atender este tema con la seriedad y firmeza que la legislación guatemalteca permite, además deben ponerse a prueba los foros, convenios, compromisos u otros instrumentos suscritos con el país vecino, pues tales formalidades deben pasar a la práctica y contribuir a resolver problemáticas que sin duda afectan a ambas naciones, de lo contrario se generará en la ciudadanía una comprensible sensación de indefensión e inseguridad, que fortalece a las estructuras que mantienen zozobra en las regiones fronterizas del país. Los agresores, al no verse obligados a pagar un alto precio por su acción, perciben que la autoridad es débil y estimula una escalada de transgresiones e irrespeto, además que se genera un efecto en la propia policía, que percibe que su autoridad puede ser desconocida y que su credibilidad es puesta en duda por la ciudadanía.
