Claudia Virginia Samayoa

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Claudia Virginia Samayoa
Cartas de una Lechuza
@tucurclaux

El Observatorio para la Salud Reproductiva emitió su informe sobre nacimientos de madres niñas y adolescentes en Guatemala para el período de enero a mayo de este año. Los datos provienen de fuentes oficiales y reflejan que, al menos, 913 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz como producto de actos de extrema violencia en su contra.

Tómese un tiempo para pensar en lo que significa ese dato.

Estas niñas no paren como producto de su conducta sexual o por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio; argumento esgrimido por personas cristianas fundamentalista y sus iglesias para obviar cualquier medida de educación sexual y reproductiva o de terminación del embarazo.

Estas niñas paren porque nuestra sociedad prefiere etiquetarse como provida que asumir de lleno la problemática que genera el ejercicio de violencia contra niñas menores de 14 años, no toda niña violada queda embarazada, pero sí irremediablemente dañada. La violación sexual es un acto de violencia tal que, independientemente de la edad de la víctima, se produce un daño psicológico y emocional irreparable. Dicho daño se ve agravado en niñas menores de 14 años por la inmadurez física y psicológica para enfrentar un acto sexual.

La situación de los embarazos en niñas no se resuelve con el aborto. Aunque la terminación del proceso de gestación puede solventar los peligros físicos de continuar el embarazo y las consecuencias de una niñez truncada y de hijos teniendo madres o abuelas-madres solteras en lugar de una familia que les deseen; no abordan la violencia que originó el embarazo ni sus consecuencias emocionales.

Y, ¿entonces?

Nos corresponde llevar una discusión madura que parta del derecho a la vida, entendida esta más allá del fenómeno físico de un corazón latiendo y de la presencia del alma. Nos corresponde asumir que la violación de niñas es una expresión grave de sociedades que no generan los elementos mínimos para el bienestar: educación, salud, casa, medios y oportunidades para el trabajo, seguridad y un ambiente sano, entre otros.

Guatemala tiene una de las mayores concentraciones de tierra del planeta, es uno de los países con más hambre del mundo, la menor distribución tributaria de Latinoamérica, los menores índices de vacunación y acceso de la salud de la región, los mayores impactos en la educación durante la pandemia, etc. Por donde lo veamos, Guatemala NO ES UN PAÍS PROVIDA.

Pintar el aborto como la solución a esta situación es tan falaz como quien dice que prohibir el aborto nos hace respetuosos de la vida.

El pleno cumplimiento de los derechos humanos es la salida. Por ello, le propongo la siguiente agenda al Movimiento ProVida: apoye la devolución de las tierras a las comunidades indígenas; la ampliación de la cobertura educativa con calidad, el fortalecimiento del nivel primario de la salud; el impulso de educación sexual reproductiva para la niñez, la adolescencia y las personas adultas; que se apruebe una reforma tributaria progresiva; que desde el Estado se promueva a las FEPYMES y que se disuelvan los mono y oligopolios; que se creen programas para sancionar a los violadores sexuales y a quienes les consiente; que existan programas para restituir derechos de niñas y adolescentes madres y que existan programas sólidos para la atención de bebés no deseados.

Mientras la justicia social no sea la agenda de quienes se llaman provida considero que estamos ante el impulso de un proyecto de MUERTE.

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