El 19 de febrero del presente año, según un cable difundido por la agencia EFE, el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo expresó que confiaba que el periodista José Rubén Zamora pronto sería liberado y criticó las condiciones “casi de tortura” a las que el director del desaparecido diario elPeriódico estaba sometido desde su captura en julio de 2022. Diversos artículos se han publicado levantando la voz por ponerle fin a la infamia de su encarcelamiento.
¿Y César Montes qué? El icónico comandante guerrillero fue capturado en México y deportado sumaria e ilegalmente por las autoridades del Instituto Nacional de Migración y un destacamento de la Marina de ese país el 10 de octubre de 2020. El 29 de marzo de 2022, el Tribunal E de Mayor Riesgo de Guatemala, condenó al excomandante insurgente a 175 años de prisión por un crimen que no cometió. El fiscal había pedido cincuenta años de prisión para César Montes, pero a los jueces del referido tribunal le impusieron una pena tres veces y medio más grande.
¿Y Angelina Coy Choc, Olivia Mucu Ich y Rosa Ichi Xi qué? El mismo 29 de marzo de 2022 el mismo tribunal las condenó a cada una de ellas a 75 años de prisión inconmutable. El Ministerio Público y el referido tribunal impusieron su tesis de que las tres mujeres habían participado en el lamentable asesinato de los tres marinos, así como en las lesiones ocasionadas a tres más, cuando una de ellas estaba herida por la agresión de los marinos y otra más se esforzaba por contenerle la hemorragia incontenible que tenía por haber sido herida en la arteria femoral.
César Montes se encontraba a más de cien kilómetros de la comunidad q’eqchí’ Semuy II, lugar donde aconteció el crimen. En el lugar donde ocurrió el múltiple homicidio no tenía señal de teléfono por lo que el comandante no pudo haber llamado para dar la orden del asesinato. Su condena se basa únicamente en el testimonio de un testigo protegido quien dijo haber escuchado la llamada a pesar de que dicho testigo también afirmó que se encontraba a cien metros del lugar en donde supuestamente César hizo la llamada.
Los juicios y condenas a César, Angelina, Olivia, y Rosa al igual que la que se le impuso a José Rubén en su caso en un juicio que tendrá que ser repuesto, forman parte del largo recuento de la aplicación de una justicia que en Guatemala está en manos del Pacto de Corruptos. Si en el país privara plenamente un Estado de derecho, todo/as ello/as deberían haber sido absuelto/as por las francas evidencias de violaciones al debido proceso.
Pero en Guatemala, pese al gran acontecimiento democrático y progresista que implicó la llegada de Bernardo Arévalo y el partido Movimiento Semilla al gobierno, nos encontramos ante un Estado híbrido en el cual coexiste un gobierno democrático injertado en un Estado cuyas instancias más importantes todavía las controla el bloque en el poder constituido por delincuentes y corruptos. No en balde en una entrevista a El País, José Rubén ha expresado que “Arévalo sólo tiene el control del ejecutivo, el judicial sigue siendo una narcocleptodictadura multipartidista que se mantenía disfrazada y que con Giammattei se quitó el disfraz”.
Y ha agregado que, si esta situación continúa así, si el presidente Arévalo no cambia su enfoque sobre el peligro que representa una fiscalía en manos del Pacto de Corruptos “el presidente va a terminar en la vecindad mía”. Es decir, en el área VIP de la cárcel ubicada en el Cuartel Mariscal Zavala en donde él y César Montes se encuentran presos. José Rubén (tampoco César) no está en el área VIP, se encuentra aislado en una bartolina ubicada en una zona vecina al área VIP de dicho centro de reclusión.
Mientras tanto, el Pacto de Corruptos sigue actuando como si no existiera un gobierno democrático en Guatemala. Recientemente el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, controlada por el referido pacto a través del espurio rector Walter Mazariegos, ha dictado medidas disciplinarias (expulsión y rescisión de contrato entre otras) contra ochenta y un universitarios. Los acusa de haber participado en la toma de las instalaciones de la USAC como protesta por el fraude electoral que impuso a Mazariegos como rector. Por similar acusación a petición del ministerio público, un juzgado ha ordenado el arraigo y embargo de bienes de los seis académicos de la USAC que fueron encarcelados durante doce días en noviembre del año pasado.
No cabe duda de que el tiempo corre y no a favor del gobierno del presidente Arévalo. Este debe encontrar alguna forma de frenar la actuación de la entente que perdió las elecciones y que fracasó en dar el golpe de estado. No solamente depende de ello la libertad de los presos políticos en Guatemala. También depende de ello como lo ha aseverado José Rubén Zamora, que el triunfo parcial obtenido con la llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia no termine en una experiencia frustrada de trágicas consecuencias y de largo alcance.
