Carlos Figueroa Ibarra
Hace unos días tuve el gusto de tener una conversación telefónica con quien fuera el titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B” dentro del sistema judicial de Guatemala. En el transcurso de la conversación no pude evitar recordar mis primeros días de exilio en abril de 1980. La diferencia es que en aquel entonces yo tenía 27 años y hoy, el exjuez pasa de los sesenta. Desde noviembre de 2022, el abogado Gálvez se encuentra viviendo la larguísima y triste avenida del exilio como la llamara Otto René Castillo. Miguel Ángel fue objeto de lo que se llama Lawfare porque le inventaron un delito para deshacerse de él. En julio de 2022, cuando tuve oportunidad de platicar personalmente con él, el entonces juez Gálvez ya tenía en contra una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Su escenario más probable era el asesinato moral y judicial, pero no era descartable su ejecución extrajudicial.
Su precaria situación, no era producto de un compromiso revolucionario como nos sucedió a los que salimos al exilio en la década de los ochenta o como los que salieron al exilio en 1954 y en las décadas siguientes. El crimen de Miguel Ángel Gálvez fue la decencia, virtud que tiene un contenido subversivo en un país en el cual se ha ido instaurando una gobernanza criminal. A lo largo del casi cuarto de siglo de su carrera como juez, a Miguel Ángel Gálvez le tocó en suerte llevar casos de gran impacto entre los que se destacan el haber elevado a juicio el caso por genocidio contra Efraín Ríos Montt en (2012); el caso de la organización criminal “La Línea” que culminó con el encarcelamiento en 2015 de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, presidente y vicepresidente de Guatemala (2012-2015); el caso contra 53 sindicados por el delito de “captura del Estado” por el crimen organizado (2016); el caso del Diario Militar que llevó a la cárcel a 11 militares de alto y medio rango por desaparición forzada (2021) y el caso de “los Lemus” una organización de narcotraficantes (2022).
La relación de estos casos, que son solamente los más destacados, nos indican que el juez Gálvez tocó con sus decisiones judiciales a la red de intereses que gobiernan a Guatemala: la corrupción dentro del Estado, el crimen organizado particularmente el narcotráfico y la derecha neofascista de raíces contrainsurgentes. Como en esta red de intereses participa una parte de la oligarquía guatemalteca y otros sectores empresariales, la honradez de Miguel Ángel Gálvez, su voluntad porque en Guatemala imperara el Estado de derecho, se convirtió en una amenaza para el actual establishment en Guatemala. Como también resultaron una amenaza las acciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hasta que fue defenestrada por el gobierno de Jimmy Morales en 2019.
En la actualidad para ser considerado subversivo no se necesita ser de izquierda. Basta con ser decente y ser opositor al orden corrupto y criminal que hoy prevalece en Guatemala. Dos ejemplos bastan para ilustrar la anterior aseveración. El primero de ellos es el de Virginia Laparra, la exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) hoy condenada a cuatro años de cárcel por luchar contra la corrupción. El segundo, el del periodista José Rubén Zamora, encarcelado por su labor periodística de denuncia del llamado “pacto de corruptos”. El juicio por genocidio contra Ríos Montt y otros procesos judiciales contra genocidas, las acciones de la CICIG contra la corrupción estatal y empresarial, la existencia de movimientos sociales entre ellos el de derechos humanos, ha generado una contraofensiva reaccionaria en Guatemala que hoy tiene a decenas de personas en el exilio. He aquí los motivos más recientes de la naciente dictadura que estamos observando.
