Cristina Fernández fue condenada el 6 de diciembre a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en un juicio amañado y que no contó con pruebas para sentenciarla por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. El propósito era condenarla a doce años de cárcel pero el delito de asociación ilícita fue desestimado. Finalmente el tribunal compuesto por tres jueces vinculados al establishment reaccionario argentino ha logrado su cometido: manchar la imagen de la exmandataria y actual vicepresidenta argentina y crear condiciones para que no participe como candidata presidencial en los comicios de diciembre de 2023.
Formalmente Cristina Fernández Kirchner podría participar como candidata presidencial en tanto que el juicio puede seguir por varios años debido a las apelaciones y otros procedimientos judiciales. Pero el proceso judicial y la difusión mediática que han hecho los grandes medios de comunicación, han mellado su imagen. Por ello pese a tener un poderoso respaldo popular en los sectores más bajos de la sociedad argentina así como en el peronismo o kirchnerismo de base, en las oscilantes clases medias esto no necesariamente es así. Las condiciones para una participación electoral exitosa de CFK podrían ser por ello, inciertas.
El caso de Fernández Kirchner revela las dos grandes armas que hoy usa la represión reaccionaria. De la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada se ha pasado al asesinato moral mediante el linchamiento mediático y también al asesinato judicial. El asesinato moral se logra mediante los grandes medios de comunicación que dictan sentencias de culpabilidad antes que los tribunales. El asesinato judicial se efectúa mediante veredictos de consigna previamente concertados con los grandes poderes fácticos de tal manera que el juicio se vuelve una formalidad.
Esto fue lo que ha sucedido con CFK en Argentina y fue también lo que sucedió con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, pero también ha sucedido con Rafael Correa y Jorge Glass en Ecuador, el mismo Evo Morales en Bolivia quien perdió el referéndum sobre su eventual reelección merced al asesinato moral del cual fue objeto. En 2005 se ensayó infructuosamente con Andrés Manuel López Obrador en México. Los casos de asesinato moral y judicial se han multiplicado en América Latina como hoy sucede en Guatemala con figuras como la exfiscal Thelma Aldana, quien hubiese podido ser una viable candidata presidencial o el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora. En la actualidad, la primera se encuentra en el exilio y el segundo ha sido encarcelado.
El asesinato moral y judicial es una práctica derivada de la estrategia militar “Lawfare” (“Guerra Judicial”) el cual había sido acuñado años antes de que en 2001, el coronel de aviación Charles J. Dunlap lo sistematizara en 2001 en un ensayo en el cual postulaba que el uso de leyes se podía hacer para lograr victorias evitando hacer uso de medios militares. Posteriormente el término derivó al uso retorcido de las leyes para lograr victorias políticas sin necesidad de la violencia física. El avance de las fuerzas posneoliberales en América Latina, ha renovado el repertorio de la represión reaccionaria en la región. Hoy, el caso de Cristina Fernández Kirchner nos lo revela una vez más.
