La semana pasada se hizo público lo que se ha denominado el “Acuerdo Agrario”, firmado entre el Presidente Bernardo Arévalo y cuatro organizaciones campesinas. Dicho acuerdo tiene cinco puntos: Conflictividad y recuperación de la institucionalidad agraria (destruida por el gobierno anterior); Acceso a Tierras; Economía Campesina, Articulación territorial de las políticas sectoriales dirigidas a los territorios rurales; y constitución de un espacio técnico-político entre el Consejo Campesino (las organizaciones que signaron el acuerdo) y el gobierno.
Este acuerdo no es algo improvisado, ni espontáneo. Es producto de cuatro meses de negociaciones entre los campesinos y quienes ahora hacen gobierno.
El lanzamiento del Acuerdo Agrario es un acto inédito y de tremenda relevancia política. El nuevo gobierno se inicia evidenciando su voluntad política de hacer del diálogo un pilar fundamental de su gestión. Haberlo suscrito crea condiciones favorables para la estabilidad social, factor muy importante para poder gobernar.
Para el movimiento campesino este acto también es un hito en su historia de lucha. Haberlo alcanzado sin movilizaciones, ni presiones, sino mediante el diálogo, expresa su voluntad de abrirse a acuerdos y alianzas que repercutan no sólo en favor de la paz social, sino también en abrir caminos consensuados para el desarrollo del país, particularmente del desarrollo rural. Esta afortunada flexibilidad de los liderazgos campesinos se expresa en el contenido de lo acordado. Sin renunciar a sus aspiraciones estratégicas, comprenden la gradualidad de los procesos de transformación social. Por eso los cinco puntos referidos al inicio de esta columna no son maximalistas, son en extremo moderados. Han sido flexibles, con lo cual muestran madurez y sabiduría.
Ahora bien, este Acuerdo Agrario debería ser el inicio de un proceso nacional de búsqueda de consensos sobre los problemas estructurales que impiden el desarrollo rural integral del país, en el cual el tema agrario es sólo un componente, de gran importancia, pero insuficiente. El desarrollo rural es, en esencia, el desarrollo humano de quienes habitan en territorios rurales y, por eso, la política pública que lo impulse tiene que ser multisectorial (salud, educación, protección social, laboral, caminos rurales, economía, etc.).
Para avanzar en ese camino, se requiere que la madurez demostrada por el movimiento campesino se mantenga, que siga entendiendo que los maximalismos terminan haciendo inviable lo posible y que esta conducta sea un ejemplo para otros actores sociales, especialmente para los empresarios del agro, a quienes no se puede ignorar en este tema. Hay que eliminar los prejuicios ideológicos que históricamente han determinado el abordaje del tema agrario en Guatemala. Avanzar en un proceso de transformación de la estructura agraria no necesariamente implica atropellar derechos legítimos de propiedad privada. La confiscación no es la vía contemporánea para lograr esos objetivos. Atender la conflictividad existente o en ciernes tampoco implica eliminar dichos derechos. Evitar que esa conflictividad produzca el incremento de la violencia en el campo es una necesidad.
Me parece que este Acuerdo Agrario es una prueba de fuego para las élites empresariales. ¿Seguirán todas ellas arrastradas por prejuicios ideológico?
Este Acuerdo debería ser tan sólo el inicio de un proceso de construcción de consensos alrededor de iniciar la transformación de la dramática realidad rural.
Ahora bien, el gobierno tiene que cumplir con los compromisos adquiridos, contando para el efecto con la participación de las organizaciones campesinas signatarias del Acuerdo. El Presidente y sus Ministros y Secretarios tienen, en la práctica que priorizar esta responsabilidad.
