La semana pasada se publicó en los medios una declaración sobre el tema agrario y rural, suscrito por una plataforma que se denomina “Por la defensa de la tierra y el territorio”, así como por otras organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. El título de dicho documento es “En estas elecciones votemos por el derecho a la tierra y la justicia agraria”. Afirman con indiscutible razón, que “la agenda campesina e indígena está ausente del debate político electoral”.
Para sustentar este reclamo, las organizaciones signatarias refieren los niveles de pobreza en que viven aproximadamente 165,000 familias en el área rural, citando para el efecto datos oficiales del año 2019. Señalan la eliminación de la institucionalidad encargada de atender la conflictividad agraria y las políticas correspondientes a este tema (la Secretaría de Asuntos Agrarios), la debilidad del único instrumento que sobrevive (Fontierras) y el incremento de los violentos desalojos de campesinos que permanecían en aproximadamente 70 ubicaciones (sólo en el año 2022), en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, Izabal, Petén, Quiché, Escuintla y Santa Rosa.
También critican la falta de presupuesto en el Ministerio de Agricultura para fomentar la Agricultura Familiar, a la cual se dedican, según dicen, aproximadamente más de un millón de hogares rurales, recordando que dicha actividad productiva aporta aproximadamente el 70% de los alimentos que se consumen en el país.
Hacen cuatro peticiones concretas, relacionadas con los siguientes aspectos: el cese de los desalojos violentos y el impulso de un diálogo nacional para abordar este tema; el cese de agresiones de los megaproyectos extractivos y grandes agronegocios a los territorios indígenas y respeto a las autoridades y formas de organización comunitarias; justicia rápida y efectiva para las personas y comunidades criminalizadas por defender los derechos humanos; y volver al Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (Acuerdos de Paz) para orientar la política pública, señalando la necesidad de ejecutar una Política de Desarrollo Rural, ya establecida en los Acuerdos de Paz.
A mi juicio, la última oración referida, sintetiza el camino a seguir para abordar el tema agrario y rural. Al respecto ya ha habido intentos por impulsarla, pero los mismos han fallado fundamentalmente por insuficiente voluntad políticas de los gobiernos, así como por la oposición que han mantenido las élites empresariales, particularmente las vinculadas a los agronegocios.
Las organizaciones campesinas, de cara a las elecciones de este domingo, llaman a la población a elegir gobernantes comprometidos con el desarrollo rural y los derechos a la tierra.
La declaración que acá se comenta me parece absolutamente pertinente y no debería ser ignorada, ni por los contendientes, ni por los votantes. Sin embargo, son otros los aspectos que se abordan por los y las candidatos y son otras las expectativas que tiene la población votante.
Pero para el país, el tema del desarrollo rural es fundamental. La lucha contra la pobreza, la exclusión, la desnutrición y la desigualdad que subyace no puede impulsarse si no se prioriza una política de desarrollo rural integral.
Es muy difícil imaginar que en las pocas horas que quedan para las elecciones del domingo, este tema se pueda posicionar. Sin embargo, es oportuna la declaración, de cara a la segunda vuelta que sin duda habrá en agosto. Los candidatos (as) que pasen a ella, no deberían ignorarlo. Es tarea de las organizaciones signatarias impulsar una estrategia de comunicación que posicione el tema en las agendas de los candidatos.
