Por: Adrián Zapata
Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, durante los años de la guerra en Guatemala, privaba una visión contrainsurgente del Estado, que tenía como contexto e inspiración el marco internacional de la llamada guerra fría, en el cual se combatía un enemigo interno que era la concreción nacional de la lucha contra el comunismo a nivel mundial. Los Estados Unidos, en cuya área de influencia nos encontrábamos, eran los precursores de esa visión geopolítica. El enemigo interno en los países de su órbita de influencia eran los movimientos insurgentes que allí existían, a los cuales se calificaba de “comunistas” y, por lo tanto, combatirlos era un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos. La institucionalidad estatal respondía a esa visión contrainsurgente y el carácter republicano y democrático del Estado guatemalteco no existía en la realidad.
Con la caída del campo socialista y la desintegración de la URSS el mundo se volvió, por un tiempo, unipolar. Los Estados Unidos se convirtieron en la potencia hegemónica a nivel mundial. La guerra fría dejó de tener razón de ser.
En nuestro país, la transición democrática comenzada en 1986 y la firma de la paz en 1996, sucedieron en ese nuevo contexto mundial. Dejó de existir un enemigo interno y la contrainsurgencia terminó.
Esa nueva situación mundial, regional y nacional creó las condiciones para recuperar en Guatemala el carácter democrático y republicano del Estado. Y eso es lo que ahora ha desaparecido. La “convergencia perversa” que logró esa reversión a partir de cooptar la institucionalidad estatal pretende la continuidad de tal situación. Eso es lo que está en juego en las elecciones generales del próximo 25 de junio.
La opción político electoral que podría haber tenido alguna posibilidad de enfrentar esa cooptación, el MLP, ha sido excluida. Hay otras opciones que coinciden con tal objetivo, pero sus posibilidades electorales son poco significativas.
Sin embargo, esta semana se ha producido un hecho relevante que podría crear condiciones para atajar la pretensión de continuidad en la cooptación de la institucionalidad estatal. Y este es la “retractación” del Tribunal Supremo Electoral en relación a su decisión de permitir la participación de Manuel Baldizón como candidato a diputado. La “convergencia perversa” no ha permitido la inclusión descarada de ese actor político en ella. Las élites empresariales que de manera vergonzante participan en dicha convergencia han reaccionado y, con ellas, sus cajas de resonancia. De igual manera, para el gobierno de los Estados Unidos el retorno a la palestra política guatemalteca de dicho actor parece ser intolerable.
En síntesis, el intento de incorporación explícita de Baldizón y compañía a la “convergencia perversa” ha impactado en su cohesión. Se “rebasó la raya” con ese evento político y la convergencia reculó. El Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral tuvieron que responder a ello.
Siendo tal vez exageradamente optimistas, este hecho podría crear condiciones para que la “convergencia perversa” se debilite. Las élites empresariales vergonzantes podrían distanciarse de sus aliados, sus cajas de resonancia actuarían también en tal sentido y los empresarios que han aprendido la lección de lo que les pasó en Nicaragua con Daniel Ortega podrían tener más incidencia.
Pero el meollo del asunto es ¿quién de los participantes en el actual proceso electoral, teniendo posibilidades de llegar a ser una opción ganadora, no responde a las redes político criminales y al narco subyacente que hasta ahora son quienes hegemonizan la “convergencia perversa”?
