Por: Adrián Zapata
El tema de la posible candidatura de Zury Ríos está en la agenda política del país, dada la decisión de la CIDH de aprobar y publicar el acuerdo de solución amistosa entre la Señora Ríos y el Estado de Guatemala, relativo a “la ausencia de garantías” para su participación política en el año 2019 cuando se le impidió participar como candidata a dicho cargo. Entre los puntos acordados está el “reconocimiento del derecho humano de participación política de las solicitantes y la improcedencia de límites o restricciones al mismo”. La CIDH informó que “continuará con el seguimiento de la implementación de las medidas de no repetición…”.
Personalmente considero una grosera violación a los derechos humanos la norma constitucional (Arto. 186, incisos “a” y “c”) que prohíbe optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad de un caudillo que haya alterado el orden constitucional o quienes como consecuencia de tales hechos hayan asumido la jefatura de gobierno. Por consiguiente, la aprobación y publicación por parte de la CIDH del citado acuerdo de solución amistosa entre el Estado de Guatemala y Zury Ríos creo que es afortunado. Esta opinión la expreso sin que implique, para nada, ningún nivel de coincidencia ideológico política con la Señora Ríos.
La manera como el Estado de Guatemala garantizará la no repetición de esta injusticia es controversial y la definición será una decisión política, aunque asuma una forma jurídica. ¿Será necesaria una reforma constitucional previa o podrá autorizarse la inscripción como candidata a partir del convenio aprobado por la CIDH? Muy probablemente la Corte de Constitucionalidad, cooptada como está, terminará definiendo el camino.
En todo caso, a partir del anterior hecho, se abre la polémica sobre la posible participación de Zury Ríos en las próximas elecciones presidenciales, pretensión que obviamente ella tiene, así como de las consecuencias de ello en el escenario político presente y futuro próximo.
A partir de la cooptación que sufre la institucionalidad estatal, incluyendo el poder judicial, por parte de los sectores conservadores y las redes político criminales, este hecho abre una posible brecha entre ellos, ya que el Presidente Giammattei, Director de esa perversa orquesta (la “convergencia perversa”), parece ya estar promoviendo a su delfín, el diputado Conde Orellana. Para estos propósitos la posible participación de la Señora Ríos sería contraproducente.
El escenario político del año entrante se vislumbra, por lo tanto, muy complejo. Si esa convergencia perversa no se pone de acuerdo sobre la continuidad de su estrategia de cooptación es de esperarse un resquebrajamiento de ella, lo cual le haría muy complicado el último año del gobierno actual y podría poner el riesgo la continuidad de dicha convergencia perversa.
Dos actores muy poderosos y determinantes en Guatemala, las élites empresariales y el gobierno estadounidense, pareciera que no tendrían problemas para establecer fluidos canales de comunicación, tanto con Ríos como con Conde.
El análisis anterior me lleva a pensar que se podría abrir una mejor ventana de oportunidad para la constitución de una alianza de sectores honestos, anti corrupción e impunidad, que incluya diversidad ideológica y política, pero que priorice la necesidad de parar la corrupción y revertir la impunidad, así como intentar formular e implementar políticas públicas de beneficio popular. ¡Ojalá!
