Por: Adrián Zapata
Esta semana, en un programa radial que se caracteriza por su seriedad profesional, escuché una entrevista sobre la situación política nacional, en la cual uno de los participantes planteó la necesidad de construir un Frente Político de cara al proceso electoral del año entrante, constituido por partidos y movimientos sociales. Al principio, juzgué precipitada la idea, pero escuchando la argumentación y analizando la situación que estamos viviendo, la idea terminó pareciéndome relevante. La piedra angular de esta propuesta está en el reconocimiento de la cooptación de la institucionalidad estatal que sufre el Estado guatemalteco, por parte de redes político criminales, el crimen organizado y algunos de las élites empresariales que convergen en dicha cooptación.
A partir de la firma de la paz que puso fin a un cruento y prolongado conflicto armado que vivió nuestra generación, yo he coincidido con quienes sostienen la necesidad de construir amplios acuerdos nacionales, siguiendo el acertado camino que nos abrieron los Acuerdos de Paz. Todo esto, en el marco del respeto a la institucionalidad democrática que dichos acuerdos pretendían fortalecer ante el drama que vivimos cuando ella estuvo cooptada por los poderes que impulsaban la contrainsurgencia, contando con el padrinazgo de los Estados Unidos.
Pero ahora, la pregunta obligada es ¿hasta dónde podría abarcar un acuerdo nacional habiendo poderes fácticos de primer orden, algunos legales, que están comprometidos con esa cooptación?
Y la otra gran interrogante es cómo resolver la contradicción entre el respeto a la institucionalidad habiendo una “cooptación integral” de ella (Ejecutivo, Legislativo, Cortes, Contraloría, Ministerio Público, autoridades electorales).
Enfrentamos una paradoja, porque debemos rescatar esa institucionalidad actuando dentro de ella y construyendo una concertación nacional que tiene límites, puesto que no pueden incluirse a quienes la tienen cooptada. Por eso, me pareció digno de analizar dos cosas. Primero, la delimitación de esos límites y, segundo, la urgencia de construirla.
Los límites son los establecidos por lo que podríamos llamar un “triángulo de la dignidad democrática”. Estos son, tal como en la entrevista se dijo: parar la cooptación, revertirla y restablecer los pilares republicanos de nuestro Estado democrático (la división e independencia de poderes).
Y la urgencia es porque construir un frente social y político es tarea para la cual ya estamos atrasados. Se habló, con buen ingenio, de superar la “chiquitolina” que caracteriza a quienes podrían converger en este propósito. Se dijo con contundencia que este fenómeno, jocosamente bautizado, responde a sectarismos, protagonismos y cultura política de la descalificación de los pares.
En América Latina se está construyendo un “progresismo”, cuyos fundamentos programáticos están en la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero también en transformar un modelo económico, el neoliberalismo, que hegemonizó durante cuatro décadas. Un Frente sociopolítico como el que acá comentamos sería la expresión nacional de ese progresismo continental.
En el “triángulo de la dignidad democrática” debe incluirse a todos los que estén dispuestos a enfrentar como enemigos, no simplemente como adversarios electorales, a quienes defienden abierta o de manera vergonzante la cooptación del Estado y la destrucción de su naturaleza republicana, constitucionalmente establecida.
Creo que es hora de comenzar a discutir este tema.
