La observación electoral es una “certificación o no” de un ejercicio electoral en un país, es una “evaluación imparcial e independiente de los procesos electorales”. Nacen en la década del 80’ como parte de una generación de democratización en la región latinoamericana. Empezaron después de la Segunda Guerra Mundial encabezadas por países europeos con sus Misiones Internacionales de Observación Electoral en Moldavia y Valaquia. Junto con ellos, la Organización de Estados Americanos inicio un proceso en 1962 y hasta la fecha ha realizado más de 240 misiones en 27 países. Este se ha convertido en permanente y es el único organismo que queda con calidades de “certificación política de elecciones” en el continente. A finales de los 90’ la OEA inicia la inclusión de enfoques de derechos específicos en sus formularios de observación electoral y en sus Informes nacionales de elecciones al cerrar sus misiones. Así se elaboraron con expertos de los temas, manuales de observación para medios de comunicación, género y finalmente a finales de la primera década del siglo XXI el manual para la observación de la participación de pueblos indígenas.
Sigue siendo un reto el cumplimiento del “manual para pueblos indígenas” para las misiones internacionales de la OEA y obviamente aún le faltan contenidos pertinentes en los Informes Nacionales realizados en los países de América Latina.
Por eso es importante la observación nacional con enfoque de pueblos indígenas. Estos iniciaron en 1999 en Guatemala. Tomaron como referencia la observación nacional que se realiza en México. A partir de ello, la observación indígena realizada por el Organismo Indígena Naleb’ en Guatemala se convirtió en el primer ejercicio étnico de observación electoral en las “nuevas democracias” o “la última generación de democracias participativas” en el mundo. Significó un esfuerzo de análisis y reflexión intelectual con carácter de “diálogo de saberes” y de interculturalidad a partir de la realidad de los pueblos indígenas, sus sistemas ancestrales propios y la democracia electoral como sistema occidental con dos siglos de existencia en los Estados modernos.
A partir de este ejercicio, presentado en la segunda década de este siglo en el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas en Nueva York ante el mundo, se han iniciado procesos en México, Ecuador y Bolivia. En 2019 el Fondo para el desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe FILAC lanza la primera observación internacional indígena en México y luego en Ecuador.
Los pueblos indígenas se manejan ante el dilema de sus propios mecanismos de toma de decisiones y elección de autoridades y los sistemas electorales democráticos. Los primeros subsisten a pesar de la persecución y logrando un reciente reconocimiento a partir de las aprobaciones del Convenio 169 en los 80’ y luego la Declaración de Naciones Unidas en 2007 y la Declaración Americana reciente en 2016. A pesar de ello, las autoridades gubernamentales, más los partidos políticos los persiguen y los tratan de eliminar jurídica y políticamente en los territorios indígenas en América Latina y el mundo.
Este es el nuevo esfuerzo de evolución que se pide a la democracia. La nueva ola de modernización pasa por entender cómo se reconocen las diferencias étnico-culturales y se aplica la igualdad constitucional. Es un esfuerzo también para la inclusión real y efectiva de las mujeres, que para el caso de Guatemala son las más empadronadas y las más afiliadas a los partidos políticos.
La participación indígena en los sistemas políticos contemporáneos es difícil y cuesta arriba. Se le ha aceptado solo como votantes diciplinados de mandatos de los propietarios de los partidos políticos.
Sin embargo, en los últimos treinta años los pueblos indígenas han ido ganando terreno. Como votantes libres, como candidatos a puestos de elección municipal primero y luego a diputaciones de los congresos nacionales. Han ido lentamente consiguiendo espacios permanentes para PI en los congresos de Bolivia, Ecuador, México, Colombia y otros pocos países de América. Han avanzado en conquista de electorados en México, Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile. En los últimos veinte años han dado el salto a la creación de sus propios partidos políticos y plantando candidatos a la Presidencia de la república en Ecuador, Bolivia, México, Guatemala y Perú. Con resultados diversos, pero ya es una tendencia irreversible la interculturalidad de la democracia electoral. O por lo menos la democracia multicultural.
El otro espacio que se ha avanzado es en la observación electoral como se ha mencionado. El país donde se iniciaron las misiones de observación electoral de pueblos indígenas y han estado más sostenibles ha sido Guatemala con cinco eventos observados con formales misiones desplegadas.
Durante este tiempo, el aporte que las Misiones Indígenas de Observación Electoral han dado viene desde la propuesta de un instituto de formación política intercultural, la búsqueda de la identificación étnica en el empadronamiento, el mejoramiento de la cartografía electoral, el manejo de los idiomas indígenas, la atención en igualdad de condiciones, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la vigilancia electoral. Es decir, hacer del sistema político electoral más inclusivo y democrático.
Para el ejercicio 2023 en Guatemala, por primera vez en más de 20 años, a este tiempo no se tendrá una Misión con todas sus herramientas y características nacionales. ¿Retroceso?
Cobán, Alta Verapaz, Guatemala.
