Álvaro Pop
Ante los datos e información oficial, nacional e internacional que circula en Guatemala y en el mundo, de ser el país de América Latina con mayor desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años, especialmente en miembros de pueblos indígenas del área rural que supera el 70%. Dato que coloca a Guatemala en el segundo lugar en el mundo solo superado por Afganistán. Con mucha preocupación las organizaciones de pueblos indígenas en Guatemala que han trabajado en las comunidades rurales en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas desde las negociaciones de los Acuerdos de Paz, pasando por su búsqueda incidencia en los gobiernos de turno desde finales del siglo pasado, presentaron un planteamiento de dialogo con carácter de consulta a las autoridades del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 2021 para la actualización de la POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.
Esta realidad de desnutrición en la infancia indígena demuestra un claro fracaso de décadas de estrategias e iniciativas desplegadas, y del mal gasto de miles de millones de dólares. Llama urgentemente a un replanteamiento total de los enfoques, las acciones e inversiones nacionales e internacionales en las regiones rurales y de pueblos indígenas.
Esta preocupación nació por el adecuado cumplimiento del Convenio 169 aprobado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (integrado por representantes de los sindicatos, de los empresarios y por los representantes de Gobierno de cada país del mundo, incluyendo Guatemala) el 07 junio de 1989 en Ginebra y ratificado por el Congreso de Guatemala el 05 de junio de 1996 que dice:
“Artículo 6; 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”
Luego de enormes esfuerzos de las organizaciones y dirigentes de pueblos indígenas, de organizaciones internacionales en medio de medidas de prevención de la pandemia COVID 19, se ejecutó un dialogo nacional en cuatro regiones del país que permitieron recoger recomendaciones, preocupaciones y propuestas para enfrentar con mayor capacidad la desnutrición en las poblaciones indígenas de Guatemala. Estas propuestas fueron presentadas por representantes de pueblos indígenas a las autoridades del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, representantes de la cooperación internacional y representantes de la Instancia de Consulta y Participación Social, con la expectativa de ser incluidas en la propuesta base de la Política de SAN actualizada.
Mas allá de la política actualizada, es indispensable poner a discusión nacional la LEY de Seguridad Alimentaria y nutricional para no tener más tiempos de futuros fracasos y continuar haciendo más de lo mismo con los mismos resultados.
“Genocidio. Aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos.”
