Partamos de un postulado: el que invierte en algo le interesa saber el resultado de su inversión a lo que llamamos costo-beneficio. Un ciudadano consciente, le interesa saber lo que se hace con los impuestos que paga.
Para que el gasto en salud pública tenga el mayor impacto posible en la reducción de la morbilidad, mortalidad y la discapacidad, se requiere información sobre qué enfermedades tienen el mayor efecto en la reducción del estado de salud de una población (carga de enfermedad: incidencia prevalencia) y cómo se asigna el gasto en salud para combatirlas (mapeo de uso de gastos). Pero -y esto pareciera increíble- a la mayoría de ciudadanos, eso no le interesa y todavía más increíble, eso sucede con mayor frecuencia en los países con los mayores problemas de salud como el nuestro y que son precisamente aquellos que cuentan con los sistemas sanitarios más débiles, con mayor corrupción y con peor información.
Existen por otro lado, estudios en varios países en desarrollo, que combinan información sobre intervenciones de salud rentables, con datos sobre la carga de morbilidad local y la distribución de los gastos de salud locales. Cuando esa vigilancia ha sido establecida en función de participación social, cuando se ha reasignado recursos para mejorar la eficiencia del gasto en salud en base a información real, entonces se obtiene un impacto importante en la salud de las poblaciones. No es de creer, es de comprobar, una reasignación de los recursos existentes del sector público nacional y local basada en evidencia de los recursos existentes y comprobación de impactos, en que participa la sociedad como auditor, ha demostrado en los lugares en que esto se ha implementado, reducción de mortalidad infantil y en la niñez de valor apreciable y logrado con un aumento marginal de inversión en salud, muy por debajo de la inversión inicial optima que cabría esperar de continuar igual.
Partamos de un hecho: estamos llenos política e institucionalmente de corrupción y, por tanto, la eficiencia y suficiencia de los servicios se vuelve ineficiente e ineficaz y se vuelve necesario implementar una estrategia real de auditoria social; de reducción de ambos fenómenos nefastos: eficiencia y corrupción. Un verdadero monitoreo de la efectividad de la implementación de políticas, significa, por un lado, de parte del Sistema Nacional de Salud, propiciar y proporcionar un marco para crear y sostener la capacidad para producir estadísticas y análisis a nivel municipal y a su vez un compromiso del ciudadano –el inversor real de los recursos- de atender el costo beneficio de sus inversiones y actividades.
Las poblaciones, necesitan producir y usar información estadística de salud, de calidad adecuada y en formas rentables, y el Estado, bajo esa necesidad, necesita brindarles asesores a largo plazo y servicios técnicos a corto plazo. En tal sentido, tanto el Estado como la sociedad, deben considerar que las estadísticas públicas recolectadas y usadas por la sociedad, deben ser parte de la “infraestructura” institucional y de una sociedad democrática moderna y son una manera de contribuir a promover la apertura y la democracia. Una participación y vigilancia ciudadana realizada de manera estandarizada y estructurada que va más allá de la denuncia y reclama poder y participación en decisiones, asegura mejor cualquier inversión estatal.
