El discurso político nacional está lleno de hablar sobre los grupos indígenas y los corruptos de la élite gobernante y financiera, pero muy poco se habla sobre la clase media. Un documento de opinión del 2021 del CAF titulado La nueva (y dura) realidad de las clases medias latinoamericanas, nos hace ver que después de llegar a representar más de 30% de la población tras la primera década de este siglo, su crecimiento se estancó y señalaba que el covid-19 no solo había rematado este estancamiento, sino que iba a ocasionar un retroceso preocupante para el futuro de la región.
Otro documento informativo de CEPAL de hace diez años, señalaba que la estructura de clases -siguiendo el esquema de Wright- revelaba que la élite social de Guatemala, estaba conformada por la clase dominante, y constituía solo 5% de la población. Y añadía que la clase media, de carácter urbano, representa solo 9.2% de la población (casi 1 de cada 10 guatemaltecos). La integraban prácticamente en igual proporción, profesionales universitarios, tanto independientes como asalariados, técnicos y personal de oficina con educación media. El resto es clase trabajadora no calificada. Plaza Pública en 2015 publicaba que conforme a la autoadscripción de clase (imaginario social), según datos de la encuesta Latinobarómetro de 2011 realizada a 562 guatemaltecos adultos, el 6% de los entrevistados se ubicaron a sí mismos en las clases alta y media alta; el 32%, en la clase media; el 26%, en la clase media baja; y el 36%, en la clase baja.
Si bien los datos pueden divergir, la realidad no. La clase media guatemalteca no necesariamente tiene la voluntad por crear una democracia y me refiero a los nacidos entre el 80 y el dos mil, también llamados los Millenial. Pero como bien señala Latinobarómetro, en su informe 2023, la recesión democrática se expresa en el bajo apoyo que tiene la democracia, el aumento de la indiferencia al tipo de régimen, la preferencia y actitudes a favor del autoritarismo, el desplome del desempeño de los gobiernos y de la imagen de los partidos políticos. Y afirma: la democracia en varios países, se encuentra en estado crítico, mientras otros ya no tienen democracia. Y Destaca la debilidad de las élites simbolizadas en los presidentes de la república: 21 presidentes condenados por corrupción, 20 presidentes que no terminan su mandato, presidentes que fuerzan su estadía en el poder, rompiendo las reglas de reelección. Un tercio de los presidentes elegidos desde que se inicia la transición (década de los ochenta) han transgredido las reglas de la democracia. Valen más los personalismos, que terminan opacando a los partidos políticos. Esta debilidad conduce a la atomización del sistema de partidos y se desploma su imagen y legitimidad. Y algo más relevante y deja claro una enseñanza antidemocrática social: la gran mayoría de los presidentes de países latinoamericanos, más de cien, no han sido sometidos a ningún proceso ni acusación. Esto es necesario decirlo explícitamente, dada la extensión que tiene la lista de mandatarios acusados y condenados, termina diciendo el informe.
Y qué decir de lo sucedido dentro de las élites, actuando como propiciadores antidemocráticos. De eso solo los grandes escándalos salen a luz, la justicia se ciega.
Es entonces que ni al futuro gobierno ni a nosotros ciudadanos, nos debe impresionar que contemos con ser una sociedad de clase media que, en lugar de ser eje de la democracia, sea una clase desmoralizada preocupada por su individualismo y su satisfacción, dejando un Estado con poderes en desbalance. Creo que el futuro gobierno, debe tomar en cuenta que, si continúa la escasez de mayorías en el gobierno y sin apoyo y respaldo mayoritario de la clase media, la democracia no tiene futuro.
