En resumen: ¡Poco y nada!
La Cadena agroalimentaria nacional, desde el aparecimiento de la pandemia, viene sufriendo un duro revés, producto de razones políticas, sociales, ecológicas y sanitarias, al punto que la ONU recientemente ha advertido sobre un posible aumento del hambre a nivel del país, mencionando entre sus causas, el incremento de precio de la Canasta Básica Alimentaria y disminución, por razones ecológicas, de la producción. En medio de tal calamidad, resulta inaudito que se siga viendo el problema agroalimentario política y socialmente como de competencia de la caridad, dejando a un lado el hecho que la buena alimentación para todos, es un derecho humano y constitucional.
De igual forma, resulta incongruente e incomprensible, la inexistencia de un análisis y la falta de implementación de una política homogénea y conjunta de producción, comercialización y consumo, que permita a todos, un acceso a alimentos saludables.
También carecemos de una política que resuelva la insolvencia y el primitivismo de la agricultura campesina y la falta de capacidad del sector público, para hacer un debido planteamiento del entendimiento y uso de los suelos por los pueblos rurales y la agroindustria; sobre lo positivo y negativo de eso, dejando al azar y buen criterio de la naturaleza, la solución a la problemática que puedan estar acarreando las prácticas agrícolas campesinas y latifundistas, ignorando el precio que se debe pagar y está pagando por el mal uso que se está haciendo de aire y suelos.
Solo como un ejemplo. No existe vigilancia sobre los efectos de aplicar fertilizantes y otros químicos en la agricultura campesina e industrial, que va desde desequilibrios aire-suelo, hasta la producción de enfermedades en humanos y el deterioro irreversible ambiental. Y por consiguiente, también ignoramos cuánto tiempo tomará contrarrestar los efectos del deterioro que estamos creando y su costo.
No he escuchado de ningún partido ni de ningún candidato, una propuesta integral, sobre esta situación del agro, no solo para la sobrevivencia, sino para la calidad de vida del ciudadano actual y futuro. Y eso, a pesar de que el debate nacional en lo que va del siglo, ha señalado con claridad, que saber y accionar campesino y agroindustrial, en estos momentos son incapaces de responder tanto a las necesidades sociales como ambientales de la producción y consumo de alimentos.
Es así que tenemos un sistema agroalimentario, que primero está lleno de inequidades en todos sus pasos y procesos y segundo ninguno de los dos sistemas: el campesino y el industrial, ofrece seguridad de supervivencia, sin dañar aire, suelos y ofrecer disponibilidad y acceso equitativo, volviendo para muchos utopía eso de “salud con base en alimentos sanos” fundamentado en la construcción de una producción más acorde a la naturaleza y su potencial impacto ambiental, socioeconómico y sanitario.
Tampoco en las agendas políticas electorales, contienen pactos y alianzas público-privadas claros, encaminados a afrontar la crisis eco-social y alimentaria; cosa que demanda ir más allá de las relaciones de mercado, si realmente se quiere impactar en esta crisis.
