Durante la presentación de la iniciativa 6302, el diputado Juan Francisco Mérida, del bloque legislativo VAMOS, explicó que pretende aprobar la Ley de Regulación de Manifestaciones Pacíficas y sin Armas con el fin de garantizar la libre locomoción, además de buscar reformas en el Código Penal.
«No pretende reprimir, ni restringir las manifestaciones, lo que pretende es regularlas para que se preserve la vida de los guatemaltecos, la vida de los manifestantes, la economía, los empleos y en general el orden público», agregó Mérida.
Puntualizó que es alarmante la pérdida de empleos por los bloqueos, «el 89 por ciento de las empresas se vieron afectadas, que fueron personas emprendedoras, quizá no están de acuerdo con los grupos que están manifestando, entonces no tienen por qué verse afectados», añadió.
BUSCARÁ REFORMAR EL CÓDIGO PENAL
Dentro de las modificaciones que se plantean en las reformas, se encuentra agregar al Artículo 127: «si el delito de homicidio culposo se causa por imprudencia o negligencia de los manifestantes que obstruyeren una vía de acceso pública o privada no permitiendo el tránsito de unidades de socorro».
Así también, en el Artículo 158 sobre la Agravación de la pena, se agregarán casos como si amenazaren la vida o integridad, daños en la propiedad privada y pública, si emplearan violencia de cualquier forma, portación de armas o se utilizan vehículos para realizar algún bloqueo.
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Para el Artículo 397, sobre las Reuniones y Manifestaciones Ilícitas, mencionó a quienes organicen o promovieren cualquier reunión o manifestación con infracción de las disposiciones serán sancionados con uno o dos años de prisión.
«Quienes participen en reuniones o manifestaciones donde se cometan actos en contra del orden público o actos contra propiedad privada y contra la libre locomoción», agregó para el Artículo 415.
Por aparte, en el Artículo 416 sobre quienes «públicamente o mediante una manifestación, ultrajen, menosprecien o vilipendien bandera, emblema, escudo o himno nacional», añadió que la sanción sería de dos a cuatro años de prisión y una multa de Q1 mil a Q3 mil.
Finalmente, también el párrafo final del artículo 469 sobre las Faltas Contra el Orden Público se detalló «quedan excluidas de las faltas, las acciones que constituyen delito, según lo establecido en este código y en la Ley de Regulación de Manifestación Pacífica y sin Armas».
PROHIBICIONES QUE BUSCARÁ LA LEY
La propuesta de ley cuenta con la prohibición para el uso de armas blancas, punzocortantes, de fuego, hechizas o cualquier objeto inflamable contra los manifestantes, autoridades o incluso los bienes públicos y privados.
También se encuentra prohibida la obstrucción de las vías de tránsito, impedir la libre circulación de los vehículos privados, públicos y de socorro. Se agregó que las personas que no permitan el acceso a los vehículos de socorro serán responsables conforme al Código Penal.
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En cuanto a la destrucción de bienes públicos y privados, también se detalló que se actuará y presentarán protocolos de las autoridades.
Aunado a esto, se prohibió la «utilización» de menores de edad, mujeres o personas de la tercera edad como escudo para evitar las acciones de las personas encargadas del orden público.
PROPONE «OBLIGACIONES» EN LA INICIATIVA
Dentro de la propuesta de Ley, se tiene en cuenta velar porque las personas que se encuentran en las manifestaciones o dentro de las concentraciones no obstruyan las vías de circulación vehicular.
También se indicó que si la concentración fuera masiva, se coordinará con los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Policía de Tránsito o la autoridad responsable para garantizar la movilidad.
Aunado a esto, se ahondó en velar porque no se realice destrucción, pintas o acciones que causen daños en áreas públicas y privadas.
En la iniciativa se puntualizó en que los daños a la propiedad se deberá informar a las autoridades correspondientes para deducir responsabilidades conforme a la Ley.
Finalmente, también se mencionó sobre el respeto a las autoridades y sobre las responsabilidades conforme a la ley en acciones contra las personas encargadas de mantener el orden público.
