La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala se pronunció sobre la reciente toma de posesión de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Según detalló la misión, la asunción al cargo no pone fin a los cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad del proceso. Además, hizo un llamado a las autoridades competentes para garantizar el Estado de derecho y brindar certeza jurídica.
Según la Misión Especial de la OEA, la USAC, por su carácter público, autónomo y estratégico, ocupa un lugar central en la vida democrática, académica e institucional del país, por lo que la elección y toma de posesión de sus autoridades no pueden considerarse actos meramente internos o protocolarios.
La misión recordó que ha dado seguimiento al proceso electoral rectoral y manifestó su preocupación por los «señalamientos graves, fundados y persistentes» que han rodeado la elección.
Entre ellos mencionó cuestionamientos sobre la integración del cuerpo elector, exclusiones de electores, acreditaciones selectivas, falta de publicidad suficiente, acciones judiciales pendientes, denuncias de intimidación y dudas sobre la igualdad de condiciones en que se desarrolló el proceso.
LA TOMA DE POSESIÓN NO CIERRA LA CONTROVERSIA
La Misión señaló que la toma de posesión de la autoridad rectoral no puede interpretarse como una validación automática del proceso electoral.
De acuerdo con el organismo, el hecho de que la incorporación del rector se realizara, según la información conocida, mediante un punto de agenda del Consejo Superior Universitario (CSU) y no a través de un acto público de investidura, evidencia que la controversia institucional continúa abierta.
Asimismo, sostuvo que la estabilidad institucional no se alcanza mediante hechos consumados, sino a través de decisiones legales, transparentes y verificables, respetuosas del Estado de derecho.
SEÑALAMIENTOS SOBRE EL FINIQUITO
La Misión también indicó que tomó nota de la información pública relacionada con la situación del finiquito y de la existencia de denuncias penales o actuaciones pendientes vinculadas con Walter Mazariegos y actos de administración universitaria.
No obstante, aclaró que la existencia de denuncias o investigaciones no implica responsabilidad penal, al amparo del principio de presunción de inocencia.
Sin embargo, agregó que cuando estos elementos guardan relación con los requisitos legales para ejercer el cargo o con la regularidad del proceso electivo, corresponde a las autoridades competentes investigarlos y resolverlos de manera pronta, independiente y transparente.
LLAMADO A LAS AUTORIDADES
La Misión Especial exhortó al Consejo Superior Universitario y a las demás autoridades universitarias a actuar con prudencia institucional, transparencia y estricto apego a la legalidad.
«La autonomía universitaria, reconocida constitucionalmente, debe preservarse como garantía de libertad académica, autogobierno responsable y deliberación plural; no puede, sin embargo, entenderse como un espacio exento de legalidad, rendición de cuentas y control democrático, ni invocarse para consolidar situaciones originadas en procesos percibidos como excluyentes, opacos o contrarios a principios básicos de integridad institucional2, expresa la OEA.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades judiciales, administrativas y de control para que resuelvan con independencia, imparcialidad y celeridad las acciones pendientes que puedan incidir en la certeza jurídica del proceso rectoral.
Unión Europea asegura que la Usac enfrenta «grave crisis» y llama a garantizar el Estado de derecho
RECHAZAN LA VIOLENCIA
Finalmente, la OEA llamó a estudiantes, docentes, trabajadores, autoridades y demás integrantes de la comunidad universitaria a ejercer sus derechos por vías pacíficas, democráticas e institucionales.
También rechazó cualquier forma de violencia, intimidación, criminalización o estigmatización contra estudiantes, docentes, trabajadores, autoridades, periodistas, observadores o integrantes de la sociedad civil que expresen opiniones críticas o ejerzan labores de observación y auditoría social.
La Misión Especial aseguró que continuará dando seguimiento a los acontecimientos relacionados con la Usac y reiteró su disposición de acompañar los esfuerzos orientados al fortalecimiento del Estado de derecho, la transparencia y el diálogo democrático.
