Desde que tomó posesión del cargo, la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras en 2018, ha tomado varias decisiones contra la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), afectando la labor de esa unidad contra la corrupción, la más reciente, y que ha derivado en que Estados Unidos, suspenda temporalmente su ayuda ente investigador, fue la destitución de Juan Francisco Sandoval el pasado 23 de julio.
Sandoval informó en una conferencia de prensa horas después de su remoción, que Consuelo Porras retrasaba los procesos y agilizaba los mismos a conveniencia, además, refirió que ella había interferido en el trabajo investigativo de la FECI.
Entre las investigaciones en las que Porras habría interferido Sandoval señaló la presencia de ciudadanos rusos en la casa del presidente, Alejandro Giammattei, los Q122 millones incautados y vinculados al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, quien había sido mencionado para continuar en el cargo en enero de 2020 y las declaraciones de Gustavo Alejos que tendrían que ver con funcionarios del gobierno actual.
Sin embargo, en los últimos meses, las decisiones de Consuelo Porras también afectaron a la Fiscalía contra la Corrupción, con el traslado de dos de sus integrantes a otras áreas del Ministerio Público, luego que accionaran con el exjuez Mynor Moto y dieran indicios de involucramiento del expresidente Jimmy Morales en casos que se investigaban en el MP.
1. SUS ARGUMENTOS PARA DESBARATAR A LA FECI
La acción más reciente de Porras se dio el pasado viernes, cuando por medio de un comunicado daba a conocer que removía de su cargo a Juan Francisco Sandoval como titular de la FECI. En el pronunciamiento, la Fiscal General indicaba que debido “a los constantes abusos y frecuentes atropellos” tomaba la determinación de finalizar la relación laboral de Sandoval con el ente investigador.
En días previos a la destitución, Consuelo Porras sostuvo varias reuniones con el presidente de la República Alejandro Giammattei, en donde no se descarta que desde el despacho presidencial se haya solicitado la destitución.
Esto se respalda con las declaraciones que fueron brindadas por Juan Francisco Sandoval luego de su despido, en donde indicó que fiscal general había retrasado investigaciones sobre casos de corrupción de alto impacto, que estaban a cargo de la FECI.
ESTA ÚLTIMA DECISIÓN DERIVÓ EN RETIRO DE AYUDA DE EE. UU.
Esta mañana, La Hora publicó que, una fuente a lo interno del Ministerio Público (MP) y con cercanía al primer círculo de Consuelo Porras, explicó que, al agilizar las capturas requeridas en Estados Unidos para “justificar su eficacia” en el tema, lo cual podría haberle hecho ganar espacios para “animarse” a destituir a Juan Francisco Sandoval; no obstante, EE. UU. decidió retirar el apoyo al ente investigador.
El Departamento de Estado informó que pausará su ayuda al MP y que ha perdido la confianza en la fiscal general, María Consuelo Porras. Esto, tras la remoción de Sandoval, quien fue nombrado por esa dependencia del Gobierno estadounidense como un “campeón anticorrupción”.
Jalina Porter, vocera del Departamento de Estado aseguró que la remoción de Sandoval fue “una decisión de un funcionario guatemalteco que actuaba bajo la autoridad”, pero su preocupación principal es cuáles serán las implicaciones para el Estado de Derecho y la estabilidad regional.
Aunque argumentaron no haber sido notificados, el MP respondió que “Siempre se ha trabajado de manera coordinada en favor de los intereses de ambos países. En este caso respetamos las decisiones de EE. UU., el Ministerio Público es una institución independiente y autónoma por lo que seguiremos trabajando con normalidad en beneficio de la población guatemalteca”, expuso el Departamento de Prensa y Comunicación del MP.
2. ASIGNA INVESTIGACIONES DE FECI A FISCAL CUESTIONADA
Aunque el despido de Sandoval, fue el detonante que puso los ojos sobre Porras, días antes ya se empezaban a dar los cambios en la FECI, el MP dio a conocer del ascenso de Carlos Vides, de la Fiscalía que tenía a cargo Sandoval a Fiscal de Sección del Ministerio Público, en este sentido también se informó que los casos que él tenía a su cargo pasaron a Cinthia Monterroso, quien en su momento denunció a la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán.
El MP argumentó que Vides fue ascendido a Fiscal de Sección debido a una solicitud que él presentó ante el Despacho Superior.
Entre los expedientes que estaban asignados al fiscal Vides que ahora conocerá Monterroso se encuentran Construcción y Corrupción y Red de Poder, Corrupción y Lavado, los cuales son conocidos por la jueza Erika Aifán a quien Monterroso ha denunciado penalmente, por sus actuaciones ante el órgano jurisdiccional.
Por este motivo Aifán pidió a Porras, que de manera urgente se realizara una investigación penal y administrativa en contra la fiscal Cinthia Monterroso, para que varias investigaciones de alto impacto no se vean obstaculizadas y que no se vulneren los derechos de las personas que no son parte de un proceso obteniendo información sensible.
3. TRASLADA A PANTALEÓN, LUEGO INVESTIGACIÓN QUE INVOLUCRA A CARRILLO
El 9 de julio, Consuelo Porras también informó del traslado del fiscal Eduardo Pantaleón de la Fiscalía contra la Corrupción a la Unidad Liquidadora del MP, para resguardar la vida y la integridad del fiscal por una recomendación hecha por la Unidad de Análisis del Departamento de Seguridad.
En este contexto, una fuente declaró a La Hora que Pantaleón no manifestó algún temor o riesgo, ni ninguna preocupación a dicha unidad.
Sin embargo, el 24 de junio pasado, Eduardo Pantaleón anunció la investigación para determinar la contratación de 109 presuntas plazas fantasma en el Instituto de la Víctima el cual es dirigido por la exdiputada Alejandra Carrillo.
En los indicios presentados por la Fiscalía se dio a conocer que las plazas habrían sido otorgadas por medio de apadrinamiento o recomendación de funcionarios de los tres poderes del Estado e ingresadas por medio de una convocatoria realizada en julio de 2020.
Además, Pantaleón dio a conocer el caso de Corrupción en el Ministerio de Cultura y Deportes en donde se señaló al extitular de la cartera de Cultura, Elder Súchite, por supuestas irregularidades en su gestión.
Recientemente se dio a conocer que se encontraba bajo reserva una segunda fase de la investigación por la cual se realizaron varios allanamientos el 8 y 9 de junio en el Palacio Nacional de la Cultura, para llevar a cabo el secuestro de evidencias y documentos.
4. TRES MESES ANTES, “TRASLADÓ” A CAMPO
Los cambios dentro de la Fiscalía contra la Corrupción empezaron a darse hace tres meses, luego de que esta unidad de investigación presentó una orden de captura en contra del exjuez Mynor Moto señalado en el caso Libramiento de Chimaltenango, por presuntamente recibir sobornos para dictar resoluciones favorables para las personas señaladas en dicho proceso.
Cuatro días después de que la Fiscalía diera a conocer la orden de aprehensión en contra de Moto, la Fiscal General Consuelo Porras anunció el cambio del titular de esta unidad de investigación hacia otra área del MP.
El 16 de abril Stuardo Campo pasó de ser titular de la Fiscalía contra la Corrupción a estar al frente de la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, en ese momento la fiscal argumentó que el cambio se debía a que se necesitaba fortalecer otras áreas de investigación.
5. QUITÓ A LA FECI UN CASO POR NO REFERIRSE A GIAMMATTEI DE MANERA “CORDIAL”
En el mes de septiembre del 2020, Porras ordenó que la FECI ya no estuviera a cargo de la investigación de la posible “conspiración” contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Esta orden se conoció a través de un documento firmado por dos asesores del despacho de la Fiscal General, Héctor Anibal de León Velasco y César Isaac Payés Reyes, avalado con la firma de Consuelo Porras, que argumentó lo siguiente:
“La Fiscalía Especial Contra la Impunidad, al momento de requerir la información relacionada, debió actuar de forma respetuosa y cordial, conforme la alta investidura que tiene el señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala y en todo caso dichas comunicaciones debieron haberse realizado con conocimiento previo y directrices de la Fiscal General de la República de Guatemala, al no cumplir con la normativa aplicable, podría incurrirse en una falta administrativa”.
En el escrito, los asesores concluyen tres aspectos que se transcriben de forma literal:
Primero, “que, por la posible comisión de una falta administrativa, se comunique a la Supervisión General del Ministerio Público para los efectos legales correspondientes”.
Segundo, “que es prematuro acceder a lo solicitado por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- de despojar de la inmunidad que posee la Secretaria General de la República, Licenciada Leyla Susana Lemus Arreaga”.
Y tercero, “se hace recomendable que la carpeta de investigación identificada como M3542-2020-2, sea trasladada a la Fiscalía Contra Delitos Trasnacionales”.
Este documento se conoció horas después que el MP argumentara que el cambio de fiscalía se debía a la necesidad de “contar con competencias más amplias y cooperación con diversos entes internacionales de investigación”.
El tema de “la cordialidad” fue recordado por Sandoval, quien brindó declaraciones a los medios, el mismo día de su destitución.
“Cualquier solicitud hacia el presidente Alejandro Giammattei se debía pedir de manera cordial, y ninguna de estas se podían llevar a cabo sin su autorización”.
6. FUE SEÑALADA POR ANDREI GONZÁLEZ DE OBSTRUIR CASO FINANCIAMIENTO UNE
El 30 de agosto de 2019, Andrei González, presentó su renuncia como agente fiscal ante el Ministerio Público sin previo aviso, luego de estar a cargo en la FECI del caso Financiamiento UNE, en donde se señaló a la excandidata presidencial Sandra Torres de no declarar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) alrededor de Q27 millones recibidos durante la campaña electoral del 2015.
Posteriormente se supo que González señaló que Consuelo Porras tuvo conocimiento desde octubre de 2018 del caso, pero fue hasta febrero de 2019, cuando Torres ya tenía inmunidad como candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que la fiscal general dio luz verde para pedir el retiro de inmunidad a ella, además de diputados y alcaldes.
En ese momento, Porras dijo que denunciaría a González rechazando los señalamientos de que ella haya retardado el proceso legal para beneficiar a la exaspirante presidencial Sandra Torres, como señala el exfiscal.
FOTO LA HORA
PESE A SEÑALAMIENTOS NO HACE CAMBIOS POR INDICIOS DE FILTRACIONES
Ayer, Porras dio una entrevista radiofónica en la cual fue cuestionada sobre la decisión que tomó de destituir a Juan Francisco Sandoval como titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). En contraste, al ser consultada sobre el secretario general, Ángel Pineda, señalado de filtrar información a vinculados a investigaciones, defendió su permanencia usando como argumento el respeto al debido proceso.
“Sencillamente por el debido proceso”, fue la respuesta con la cual Consuelo Porras argumentó que no ha destituido al funcionario.
“Porque automáticamente al estar separando del cargo estaba yo, aceptando que efectivamente esas filtraciones se habían dado, sin embargo, a mí solo me dan la certeza de que se da o no se da el posible ilícito a través de los medios de investigación”, señaló.
El domingo 25 de julio el medio elPeriódico a través de su sección “el Peladero” publicó una declaración testimonial de Marco Aurelio Alveño Hernández, abogado anteriormente de Gustavo Alejos, quien habría comparecido ante la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para testificar que Carla Mansilla, trabajadora cercana de la fiscal general, María Consuelos Porras ha participado en la filtración de información hacia sindicados en casos de la FECI.
En respuesta a lo señalado en la publicación, el Ministerio Público emitió un comunicado en donde argumentan desconocer si el testimonio forma parte de alguno o de varios procesos y que, aunque pareciera no cumplir con los requisitos de forma oficiales del ente investigador, deberá ser sometido a un análisis para establecer su veracidad. Ayer, el abogado confirmó que lo que contenía la publicación era verídico y salió del país para resguardar su vida, al igual que Sandoval.
