Desde mayo, la VIII magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) ha emitido varias resoluciones o ha impulsado acciones que han sido cuestionadas por la sociedad civil y que han llamado la atención de la comunidad internacional, debido a que algunas de estas benefician a personas señaladas en posibles actos de corrupción.
Estas resoluciones han afectado de forma directa a personas o instituciones que se han dedicado a evidenciar los intentos de procurar impunidad para ciertos actores. Aquí un recuento de lo que se ha conocido.
1. DAN VÍA LIBRE A LAS REFORMAS A LEY DE ONG´S
El 12 de mayo, la CC revocó el amparo provisional emitido el 2 de marzo del 2020 a favor de varias organizaciones contra el Congreso y la Presidencia para que no entraran en vigor las reformas a la Ley de ONG’S.
La CC indicó en ese momento que, “corresponde a este Tribunal denegar en definitiva los amparos solicitados en contra de las autoridades reclamadas, puesto que el amparo no se erige como la vía pertinente para elucidar las inconformidades denunciadas por los interponentes”.
Los togados indicaron que no puede considerarse como amenaza inminente que el Presidente de la República sancione una normativa.
La resolución fue respaldada con los votos de los magistrados: Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Leyla Lemus, mientras que María Cristina Fernández y José de Mata Vela emitieron votos razonados concurrentes.
2. RESOLUCIÓN SOBRE EL FINANCIAMIENTO NO REGISTRADO A MARIO Y RODRIGO LEAL
Ese mismo día, la CC informó que se declaraba parcialmente con lugar un recurso de apelación planteado por Mario Roberto Leal Pivaral y Rodrigo Leal Castillo, quienes fueron señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en el caso Financiamiento Electoral UNE.
La acción buscaba que no se les aplicara el artículo 407 “O” del Código Penal, que regula el delito de financiamiento electoral no registrado; en la resolución de la CC se consigna que en este caso en particular son válidos dos argumentos de los solicitantes respecto a la retroactividad de la ley.
El argumento que utilizaron es que los hechos por los cuales estaban siendo señalados por la FECI ocurrieron en el 2015 y que, para ese momento, no se encontraba vigente el delito de financiamiento electoral no registrado, ya que el mismo entró en vigor en 2018, cuando el Congreso de la República reformó la ley, es decir, no pueden ser procesados por ese delito tras la resolución de la CC.
Según la investigación de la Fiscalía, Mario y Rodrigo Leal habrían buscado recursos para el partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), para financiar la campaña electoral 2015, sin embargo, el dinero ingresó de manera irregular a la organización y no lo reportaron al Tribunal Supremo Electoral. El monto habría sido de Q27 millones.
La resolución contó con los votos favorables de los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Leyla Lemus, mientras que María Cristina Fernández y José de Mata Vela emitieron votos razonados concurrentes.
3. CC DENUNCIA A ABOGADO ALFONSO CARRILLO
Posteriormente, el 14 de mayo, la CC informó que se había trasladado una denuncia al Ministerio Público y al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), en contra del abogado Alfonso Carrillo, quien ha presentado ante esa instancia varias acciones por actos que, según él, han violado la ley.
El tribunal aseguró que ingresó una denuncia «por la vía de la figura procesal Amigos de la Corte» en contra de Carrillo, en donde se indicó que el abogado accionó ante la CC a pesar de encontrarse fuera del país.
Asimismo, la Corte señaló por medio de un comunicado de prensa que, «no se admite la comparecencia, en forma personal, de sujetos procesales que no se encuentran en el país». Por este motivo, la CC requirió la información migratoria de Carrillo.
“Lo que pasa con el señor Carrillo, es que da pena, porque engañó a la Corte, porque presenta acciones… diciendo que está en Guatemala… por una denuncia de una persona a la Corte se determina que él tiene más de tres años fuera del territorio, eso puede ser, óigame, puede ser constitutivo de delito”, declaró el presidente de la CC, Roberto Molina Barreto en una actividad posterior.
El abogado Alfonso Carrillo ha indicado previamente que la Corte no puede quitarles a los guatemaltecos el derecho de pedir amparo.
“Si el solicitante del amparo no puede firmar, lo puede hacer por él otra persona o el abogado que auxilia (inciso i del Artículo 21). Es fundamental que quede claro que la ley no exige que el solicitante se encuentre en territorio nacional para plantear un amparo y que en caso de que el solicitante no pueda firmar lo puede firmar el abogado que auxilia”, aseguró en un comunicado el 22 de mayo.
4. LA CC AMPARA A MÁS SINDICADOS POR FINANCIAMIENTO
También el 14 de mayo se conoció que la CC otorgó un amparo provisional a Felipe Antonio Bosch Gutiérrez quien se encontraba señalado inicialmente por el Ministerio Público, por el delito de financiamiento electoral por presuntamente entregar fondos al partido político FCN-Nación para la campaña electoral del 2015, en ese contexto se indicó en el amparo que al momento de ser enviado a juicio, la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, le imputó el 5 de diciembre de 2018, el delito de financiamiento electoral no registrado.
En ese sentido, la defensa de Bosch presentó dicho amparo alegando lesividad por parte de la judicatura ya que se vulneró “el derecho de defensa y los principios jurídicos de irretroactividad de la ley y de legalidad, ya que existe amenaza de violación a los derechos de su defendido, porque puede ser enviado a juicio oral y público de manera arbitraria e ilegal, ya que al haberse presentado la acusación sobre la base de la conducta antijurídica denominada Financiamiento electoral no registrado, en donde argumentan que se corre grave riesgo de que quede se le acuse, violando el artículo 17 constitucional, por ese ilícito, aún y cuando este cobró vigencia después del acaecimiento de los hechos que se le endilgan”.
Además, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por Julio Roberto García- Merlos García, en calidad de abogado defensor de Antonio Juan Cristiani Burkard quien también se encuentra señalado dentro del caso Financiamiento Electoral de la UNE, otorgando el amparo provisional y dejando en suspenso la citación del veintiuno de mayo de 2019, dictada por la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez en tanto se tramita y resuelve en definitiva esta garantía constitucional.
Antonio Juan Cristiani Burkard se encuentra señalado por la FECI en el caso por el delito de financiamiento electoral no registrado para la campaña del 2015 por la cantidad de Q27.7 millones.
Ambas resoluciones contaron con los votos favorables de:
• Roberto Molina Barreto
• Leyla Lemus
• Dina Ochoa
• Francisco de Mata Vela
• Juan José Samayoa
5. ANULACIÓN DE PRUEBAS PRESENTADAS POR LA FECI
Finalmente, el pasado 23 de junio, el pleno de magistrados integrado por Roberto Molina Barreto, Néster Vásquez Pimentel, Leyla Lemus, Dina Ochoa y Rony López, confirmó la resolución del juez Décimo Penal, Víctor Cruz quien, en noviembre de 2019, anuló la prueba presentada por la FECI en contra de 16 diputados del extinto Partido Patriota (PP), quienes habrían recibido sobornos para la aprobación de leyes bajo directrices de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, todo dentro del caso Subordinación de Poderes.
La CC argumentó falta de conexidad en el recurso que fue presentado por la FECI, en torno a la resolución del juez Décimo Penal Víctor Cruz.
“Al efectuar el análisis legal correspondiente, esta Corte aprecia que concurre falta de conexidad en el presente planteamiento del amparo, pues se advierte que los agravios denunciados no derivan directamente de la resolución que fue señalada expresamente como el acto reclamado, pues esta se refiere a la decisión de rechazar el recurso de reposición que el ahora postulante interpuso”, señalaron los togados.
La resolución obliga a la FECI a no utilizar y usar las declaraciones en anticipo de prueba que están relacionadas con el pago de sobornos a diputados para la aprobación de determinadas leyes en el Congreso de la República.
6. INCONSTITUCIONALIDADES CONTRA LA CREACIÓN DE LA FECI
Estos fallos emitidos por parte de los magistrados de la CC han ocasionado que actores interesados en frenar la lucha contra la impunidad, presentaran dos inconstitucionalidades en contra de la creación de la FECI.
La primera acción fue planteada por el abogado Otto Gómez el pasado 28 de mayo.
Posteriormente, el 10 de junio la CC informó que se había tramitado una segunda inconstitucionalidad presentada en contra del acuerdo que le dio vida a la FECI, por parte de los abogados José Enrique Urrutia, Sara Santizo y Soazig Amanda Santizo.
Luego que dos abogados presentaran acciones de inconstitucionalidad, contra el Acuerdo del Ministerio Público 59-2019, con el cual se le dio vida a la FECI, el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvió “no decretar la suspensión provisional”, por lo que la Fiscalía continúa en firme, pero las acciones siguen su trámite.
ALEJOS, CARRILLO Y HERRERA BUSCARON ASEGURAR RESOLUCIÓN
Previamente, por medio de información que ingresó a esta redacción, se supo que el diputado Felipe Alejos, la directora del Instituto de la Víctima Alejandra Carrillo y Gustavo Herrera, señalado dentro del caso Fénix, se habrían reunido en Nicaragua para luego mantener comunicación con el presidente de la CC Roberto Molina Barreto, con el fin de negociar los avances de la inconstitucionalidad contra el acuerdo de creación de la FECI.
Este extremo fue negado posteriormente por Molina Barreto al ser consultado por La Hora, “absolutamente mentira”, dijo el presidente de la CC.
“Absolutamente mentira, absolutamente mentira, falso y ni idea de lo que me está hablando. No conozco a ninguno de los que usted menciona”, refirió en ese momento.
