En audiencia de primera declaración por el caso Plazas Fantasma del pasado 20 de mayo del exdiputado Julio César López Villatoro, se dio a conocer el testimonio del exlegislador del extinto Partido Patriota, Édgar Romeo Cristiani, en el que señala a otros exparlamentarios, incluyendo a Luis Rabbé de anomalías en la gestión de contrataciones para la Junta Directiva, con el fin de extraer fondos del Legislativo.
Según se detalló, Cristiani declaró que, desde que inició a laborar en el Organismo Legislativo en 2012, se percató que los diputados que integraban la Junta Directiva “gozaban del derecho de tener mayor cantidad de asistentes y asesores oscilando entre 15 a 20 personas”. Estas podían contratarse a su “discreción”, así como asignarles salarios que ellos consideraran.
Además, señaló que cada miembro de la Junta Directiva requirió la autorización de contratación al presidente del Congreso de la República, Luis Rabbé, quien accedió indicando que no excedieran la cantidad de Q50 mil mensuales.
Mientras que el salario que solicitaban para cada persona era sin tomar en cuenta la experiencia y grado académico. Asimismo, menciona que no se contaba con espacio físico para que se desempeñaran, siendo esto sin “ningún formalismo”.
“El presidente del Congreso –en ese entonces- instruyó a los diputados mismos que llevaran los expedientes de personas a contratar a su despacho, así como la nota de diputados solicitando los puestos para cada persona sin tener en cuenta las competencias de cada uno. Siendo contratadas así a personas como pago de favores de campaña y en otros casos se contrataba por amistad”, aseguró.
En este sentido, La Hora conversó con expertos en procesos legales sobre la importancia de las declaraciones de Cristiani en el caso Plazas Fantasma.
ASIES: POSIBLE BENEFICIO AL COLABORAR
Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), indicó que se ha visto tanto en funcionarios como de particulares asumiendo responsabilidades en ciertos casos, refiriendo que podría haber un beneficio dentro del procedimiento.
“Se puede dar desde una cuestión emotiva o desde un interés de obtener un beneficio dentro del procedimiento, es como ‘si me voy yo, se van todos ustedes también’. Una cuestión de revanchismo, un interés o un arrepentimiento real de lo que ocurre”, aseguró.
Asimismo, explicó que si Cristiani asume responsabilidad y la pena es menor de cinco años, se daría paso a un procedimiento abreviado, agilizando el proceso. Agrega que parte de ello es la colaboración dentro de la investigación.
PRO JUSTICIA: NO DEBEMOS VER LAS PLAZAS FANTASMA COMO SI FUERA CORRUPCIÓN MENOR
Por su lado, Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, enfatizó en la importancia de la declaración del ex diputado Cristiani, refiriendo que es necesario que el Ministerio Público (MP) profundice en las investigaciones.
“Lo de las plazas fantasma en todo el Estado es un nudo de corrupción profundo, amplio y multimillonario. No debemos ver las plazas fantasma como si fuera corrupción menor. Por el contrario. Vía las plazas fantasma podrían estarse gestando fortunas”, expresó.
En este sentido, puntualizó que para ser erradicado se requiere la voluntad política de diputados, ministros, presidente, entre otros, a nivel global. Mientras que para Guatemala reiteró que el MP debe “perseguir” las plazas fantasma.
“Se requiere política pública que incluya un vigoroso ordenamiento del régimen civil, del servicio civil. Aparte de la cuestión normativa, es indispensable las prácticas internas, la abolición de la cuota para diputados, políticos, ministros, gente con poder”, mencionó.
A decir de Ibarra, en el pasado se ha detectado que magistrados, decanos, jueces, entre otros, han colocado a familiares en instituciones dirigidas por funcionarios electos con el apoyo de estos. Agregó que también hay jueces que trafican influencias y diputados que “toman las instituciones como si fueran botín”.
“Algunas plazas son fantasmas, en otras ocasiones son plazas que sí las trabajan, pero las utilizan para hacer negocios”, destacó.
CRISTIANI Y EL CASO RIC CAJA DE PAGOS
Por otro lado, el 19 de marzo del año en curso, el juez Cuarto Penal, Pedro Lainez, emitió sentencia condenatoria en la vía del procedimiento abreviado contra Cristiani por el delito de peculado por sustracción en el caso RIC Caja de Pagos.
La condena es de 3 años y 6 meses de prisión, así también la pena accesoria de inhabilitación de cuatro años para el ejercicio de cargos públicos.
De acuerdo con la investigación del MP y la CICIG, la ex vicepresidenta Roxana Badetti, es vinculada al caso Caja de Pagos en el Registro de Información Catastral (RIC), en el cual se señala a ex funcionarios de otorgar plazas fantasma en esa institución. Entre 2012 y 2015 fue sustraído del RIC un monto aproximado de Q4,893,000 por medio de plazas fantasma.
*Con información de Lourdes Arana.
