Foto Ilustrativa. Durante este año se han presentado un aumento en las extorsiones según registró el MP. Foto: PNC

Por Sara Solórzano
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La Comisión de Reformas al Sector Justicia, del Congreso de la República se reunió con David Boteo, jefe de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de la Policía Nacional Civil (PNC), con el fin de abordar y analizar las medidas a tomar para minimizar el delito de extorsión en Guatemala.

De acuerdo con Osmundo Ponce, del bloque Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-MAIZ), y quien preside dicha comisión, este delito ha venido en aumento desde el 2015 e indicó que “las extorsiones es uno de los graves problemas que enfrenta Guatemala y que afecta básicamente a la pequeña y mediana empresa”, dijo.

Ponce agregó que “también es necesaria la fiscalización a los préstamos del Sistema Penitenciario, para que realmente estén destinados a fortalecer a la institución”, indicó y agregó que “los únicos beneficiarios con todo este tipo de delitos son las telefonías, porque ganan el doble, tanto en la compra del aparato celular, como en las tarjetas que se ingresan para tiempo de aire”, acotó.

El legislador lamentó la respuesta por parte del Ministerio Público, al no asistir a dicha reunión, aduciendo el respeto a la independencia de poderes, a lo que Ponce invitó a la Fiscal General “a trabajar de forma coordinada y con mayor conocimiento desde el ente investigador”, puntualizó.

DENUNCIAS POR EXTORSIONES ARRIBA 13,000 EN 2020

Recientemente, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), presentó un informe sobre extorsiones en las últimas dos décadas. En tal sentido, se subrayó que, durante el año 2020, “a pesar de estar en pandemia”, se registraron 13,031 denuncias por este delito.

Mario Polanco, director del GAM, expuso que, con relación al año pasado, esperaban una reducción significativa debido al confinamiento; sin embargo, se visualizó que ese delito se mantuvo, “eso significa que al extorsionista poco le importó ser contagiado o ser afectado por la extorsión, simplemente continuaron ‘trabajando’ y causando daño a la población”.

Polanco explicó que en los últimos 20 años se han realizado 94,000 denuncias aproximadamente; sin embargo, “esto no significa que sean los únicos casos”, argumentó.


 

 

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