POR REDACCIÓN LA HORA
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Luego de que el Congreso de la República no juramentara a la magistrada reelecta a la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, por un amparo provisional que emitió la Sala Primera de lo Contencioso contra el Consejo Superior Universitario (CSU), la Convergencia por los Derechos Humanos expresó su preocupación al considerar que la togada corre el riesgo de ser perseguida políticamente por sus decisiones en el ejercicio de su cargo.
“Al frenar la decisión de juramentarla, el Congreso de la República coloca a Porras en una situación de indefensión, dado que múltiples acciones legales se han presentado en su contra y pueden escalar a una persecución política por sus decisiones en la Corte”, explicaron en un comunicado de prensa.
En ese pronunciamiento, recuerdan que la magistrada ha sido criminalizada por actuar con “firmeza”, poniendo freno a los intentos de los poderes del Estado por desarticular los avances de la justicia y la lucha anticorrupción.
Tras la no juramentación de Gloria Porras, @UDEFEGUA se pronunció a través de un comunicado. El documento incluye a diversas organizaciones que integran la Convergencia por los Derechos Humanos. pic.twitter.com/AtkzRivKKP
— Diario La Hora (@lahoragt) April 13, 2021
“Además, enfrenta múltiples críticas por su compromiso con desarrollar un precedente constitucional orientado a proteger los derechos de los pueblos indígenas y a garantizar su participación en el desarrollo del país”, manifestaron.
Por ello, recalcaron que, al perder su inmunidad, las más de 20 acciones “espurias” que existen contra la togada tienen mayores posibilidades de avanzar, aunado a las campañas de ataque y desprestigio en su contra., además, que su vida, integridad y derecho a un juicio justo se encuentran en peligro inminente.
“Por lo anterior, la Convergencia por los Derechos Humanos hace un llamado a la población a exigir a las autoridades de los tres poderes del Estado cesar este ataque frontal a la independencia judicial, a la autoridad de la Corte de Constitucionalidad y a la posibilidad misma de que el país pueda vivir en orden, paz y democracia”, remarcaron, responsabilizando al Gobierno y al Ministerio de Gobernación por la seguridad e integridad de Porras.
“A la comunidad internacional estar atenta a este proceso de ilegalidades que atentan contra el Estado de Derecho vigente y constituyen una muestra clara del grave retroceso democrática y de derechos humanos que sufre la población guatemalteca”, requirieron.
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De igual manera, se refirieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos a establecer la garantía de los derechos fundamentales que le asisten.
