Por Grecia Ortíz
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Mientras continúan las críticas, luego que senadores demócratas de EE. UU., publicaran un reporte en el que exponen una operación no autorizada en la que migrantes hondureños fueron detenidos por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y personal de DIPAFRONT en enero pasado en Guatemala, expertos consultados por La Hora Voz del Migrante, refirieron que el incidente es grave.
En tanto, Úrsula Roldán del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Landívar, destacó que, aunque lo normal debería ser una investigación sobre lo ocurrido no cree que eso ocurra, dado que el sistema de justicia se encuentra en una crisis profunda.
Sobre el incidente el Gobierno de Guatemala, dijo que si bien se mencionan supuestos hechos que ocurrieron en territorio nacional, se hace referencia a normativas internas y “asuntos propios” entre instituciones y agencias del gobierno estadounidense.
No obstante, afirmaron que el Gobierno de Guatemala, iniciaría con un “proceso de verificación y análisis de los hechos con las instituciones nacionales correspondientes”, que permitan tener “mayor claridad” de algunos detalles mencionados en el reporte de lo que supuestamente ocurrió un día después de la toma de posesión del presidente Alejandro Giammattei.
El senador de EE. UU., Robert Menéndez integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, publicó el martes el informe del incidente ocurrido el 15 de enero en el que participaron agentes del Departamento de Seguridad Nacional de ese país, en conjunto a personal de DIPAFRONT, en resumen, retornaron a migrantes hondureños hacia la frontera entre Guatemala y Honduras en buses no identificados y contratados por los elementos estadounidenses.
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MORALES Y SU ADMINISTRACIÓN AVALARON ACUERDOS DE SEGURIDAD
En 2019, el gobierno del entonces presidente Jimmy Morales, habría avalado con un acuerdo que antecedió al de País Seguro, la presencia de integrantes de esa institución estadounidense en el país.
El convenio de seguridad fue firmado por el entonces secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kevin McAleenan y el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, en mayo de ese año.
La colaboración contemplaría que la entidad enviará al país elementos de DHS y estos tendrían como función capacitar a agentes de Dipafront de la PNC (mencionados en el reporte revelado por el Senado de participar en la operación), personal de Migración, entre otros.
Foto La Hora/AP
CARBAJAL: QUE EL GOBIERNO SEA CLARO EN DEFENDER SU SOBERANÍA
En ese contexto, el padre Juan Luis Carbajal, Secretario Ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), dijo que hace algunos meses vieron a algunas personas que, si bien no estaban con uniforme, parecían extranjeros y hacían este tipo de operativos.
Carbajal indicó sobre esa situación, que para él sin duda fueron acciones anti inmigratorias efectuadas en un país ajeno, con el pretexto de formar, ayudar y capacitar a autoridades del país.
“¿Con qué derecho un Estado ajeno a Guatemala viene a hacer presión y accionar bajo cualquier pretexto para hacer funciones migratorias?”, dijo.
A decir del sacerdote, también hay consecuencias jurídicas de esa conducta, porque las personas necesitaban protección internacional, pero fueron detenidos y deportados.
Por eso, expresó la necesidad que el gobierno de Guatemala no permita acciones como estas, “que sea muy claro para defender su soberanía en su propio territorio”, para que no se repita.
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ROLDÁN: EN “ESTADOS NORMALES” POR LO OCURRIDO DEBERÍA HACERSE UNA INVESTIGACIÓN
Úrsula Roldán del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Landívar, dijo que al saberse de esto se comprueba lo que ya se había mencionado, del gobierno de Jimmy Morales, Sandra Jovel y Enrique Degenhart, quienes cedieron a los “caprichos” de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Es una afrenta a la soberanía, porque es cierto que en problemas transnacionales como crimen organizado como narcotráfico pues uno entiende que hay políticas transnacionales y acuerdos al igual que acuerdos en Derechos Humanos internacionales, más allá de los estados nacionales”, aseguró.
La entrevistada, añadió que, “intervenir en el territorio con fuerzas armadas externas o con fuerzas de seguridad externas y hacer una acción como la deportación misma y poner recursos para esa deportación”, es una violación a esa soberanía.
Así como el senador Menéndez, pidió seguimiento al DHS y al Departamento de Estado por lo ocurrido, Roldán cree que en estados normales lo que debería hacerse es una investigación. Sin embargo, como el sistema de justicia se encuentra en una crisis profunda, ve complejo que se puedan hacer en Guatemala.
LÓPEZ: HAY UN AGRAVANTE SOBRE EL TRATAMIENTO QUE SE DIO A CIUDADANOS HONDUREÑOS
Finalmente, Luis Linares López, de la Asociación de Investigación en Estudios Sociales (ASIES), dijo que existe el agravante sobre el tratamiento que se dio a los ciudadanos hondureños, considerando que hay acuerdos existentes relacionados al respeto de sus derechos humanos y lo que la Constitución dicta sobre ciudadanos centroamericanos.
Así que considerando eso, se pudo cometer varios abusos en su contra, además, de violación a los principios de derechos humanos.
MP SIN EMITIR RESPUESTA
Se le consultó al Ministerio Público si abriría investigación por lo sucedido ante la posibilidad que se pudo violar de alguna manera la ley nacional, sin embargo, aunque informaron que verificarían, hasta el cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.
