POR REDACCIÓN LA HORA
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Alcaldías indígenas de la Región Ixil, el Quiché, exigieron a la Corte Suprema de Justicia cumplir con las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, rechazaron la desobediencia del Congreso de la República y solicitaron a la fiscal General, María Consuelo Porras, investigar la responsabilidad de esto.
En ese sentido, manifiestan su preocupación porque la porque la institucionalidad democrática del Estado de derecho se encuentra en una crisis de la que podrá salir solamente con el ejercicio pleno de la ciudadanía; así como el respeto a las decisiones de los órganos de justicia constitucional como garantes de los derechos de los ciudadanos.
“Frente a esta situación crítica, exigimos a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia acatar todas y cada una de las resoluciones y sentencias de la Corte de Constitucionalidad; pues no tiene sentido que cumplan solo con las que le son favorables como aquellas que les han permitido la continuidad en sus cargos y descarten a su gusto otras que les obligue a cumplir con la Constitución y la ley”, indicaron en un comunicado de prensa.
Alcaldías indígenas de la Región Ixil, el Quiché, exigieron a la CSJ cumplir con las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, rechazaron la desobediencia del Congreso y solicitaron a la fiscal General, Consuelo Porras, investigar la responsabilidad de esto. pic.twitter.com/uM9LeJloLR
— Diario La Hora (@lahoragt) August 5, 2020
También rechazaron la actitud de los diputados que integraron la Comisión Permanente, la cual desobedeció a la CC con enviar el expediente de antejuicio original contra cuatro de sus magistrados, “además de las ilegalidades que están cometiendo en las diligencias de antejuicio contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad, están destruyendo la institucionalidad del país que ha costado vidas y sacrificios de los pueblos maya, xinka y garífuna y el pueblo ladino de Guatemala y les exigimos al mismo tiempo cumplir y no continuar desobedeciendo las resoluciones y sentencias de la Corte de Constitucionalidad”.
Otro de sus pronunciamientos es hacia la Fiscal General, para que se investigue la responsabilidad de estos actos contrarios a las resoluciones de la CC.
“También le exigimos a la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público cumplir con su función constitucional de iniciar los procesos de persecución penal en contra de los funcionarios políticos y judiciales que se resisten a cumplir con las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad; recordando que actuando como magistrada de esta alta Corte ha sostenido el criterio de que no se puede criminalizar a magistrados y exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad como se resuelve en la sentencia dictada dentro del expediente 3920-2017, de fecha 14 de diciembre del año 2017, como ocurre ahora con los magistrados que están siendo criminalizados; al mismo tiempo, le exigimos iniciar los procesos penales en contra de quienes realizan denuncias falsas en contra de los Magistrados”, puntualizaron.
A la vez, requirieron al Colegio de Abogados y Notarios pronunciarse con relación a las actitudes de algunos de sus agremiados, pues consideran anteponen intereses de grupos oscuros poniendo en riesgo la institucionalidad del país.
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“A toda la ciudadanía le exigimos pronunciarse y estar atentos a las acciones que las mafias y el crimen organizado, están tratando de ejecutar para garantizar sus interese y su impunidad”, añadieron.
Por último, resaltaron que las magistradas Delia Martina Dávila Salazar; Silvia Verónica García Molina y María Eugenia Morales Aceña se han pronunciado para que el Congreso cumpla con la resolución de la CC de elegir magistrados de CSJ y Salas de Apelaciones.
