La fiscal general, María Consuelo Porras. Foto La Hora

Por Redacción La Hora
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Diversas organizaciones de sociedad civil manifestaron en un comunicado a la Fiscal General María Consuelo Porras, su preocupación por los riesgos de un quebrantamiento constitucional, como consecuencia de las desobediencias cometidas por el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia a la Corte de Constitucionalidad (CC) con sus resoluciones, además, expresaron su consternación porque el ente investigador no ha actuado.

A la vez, recuerdan que la CC es el órgano encargado de hacer respetar la Constitución y le recuerdan a la fiscal, que fue parte de esa institución antes de ser nombrada jefa del ente investigador.

“En estos momentos hacemos un llamado a que usted, quien presentó el amparo que detuvo la elección de magistrados por los grandes riesgos de la cooptación de las cortes, por el cargo que la reviste, ponga un alto a las violaciones a la Constitución frente a los intentos regresivos que buscan imponer un régimen de impunidad”, mencionaron.

En ese orden, destacan que les consterna que ha pasado más de un mes desde la certificación de lo conducente contra la Junta Directiva del Congreso y que el ente investigador aún no ha actuado penalmente ni ha recurrido a diligencias como el secuestro del expediente, actuación que faculta la ley para detener a la Comisión Pesquisidora del Congreso.

“La Comisión Pesquisidora cuyo presidente abiertamente ha llamado, a través de medios de comunicación, a desobedecer la sentencia de la CC y ha declarado que el antejuicio continuará”, mencionaron.

Con todo el historial existente, explican que a su consideración el Estado de Derecho se encuentra en grave riesgo pues cuando “una orden del máximo tribunal no se acata se pierde la certeza jurídica, sobre todo cuando se trata de los organismos del Estado”.

Lo anterior, a su parecer provoca que cualquier persona busque “hacer valer la ley con su propia mano” y eso hace imposible que se detengan las arbitrariedades.

EL MP TIENE COMO OBLIGACIÓN HACER CUMPLIR LA LEY

Dado que el MP tiene como obligación cumplir la ley, demandan que actúen penalmente contra los diputados miembros de la Comisión Permanente y de la Comisión Pesquisidora, quienes se niegan a acatar la sentencia de la máxima corte, y así se pueda detener el atropello ilegal que personas con intereses criminales quieren llevar a cabo “con la finalidad de elegir cortes que comprometen el Estado de Derecho”
.

Las organizaciones mencionaron que la CC ya había dictado una certificación de lo conducente contra la Comisión Permanente del Congreso, pues se negaron a entregar el expediente del antejuicio contra cuatro magistrados de ese Corte, como lo había ordenado en la resolución del amparo de los expedientes acumulados.

Esa resolución, mencionaron, que detuvo el trámite del antejuicio espurio dictado por la CSJ y que fue integrado ilegalmente por magistrados suplentes con conflicto de interés que se habían comunicado y reunido con Gustavo Alejos.

La postura es firmada por varias organizaciones de la sociedad civil, en el comunicado son nombradas en una página completa.

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