El MP presentó solicitudes de retiro de antejuicio en contra de seis magistrados de la CC, una acción que se dio en concordancia con los pronunciamientos en contra de dicha instancia, mismos que fueron emitidos por cámaras empresariales. Foto: La Hora

POR REDACCIÓN LA HORA
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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), se pronunció por el fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad (CC) y consideró que esto muestra «evidentes y graves violaciones al Estado de Derecho”.

En un comunicado el CACIF indicó: «Contrario a principios jurídicos elementales que señalan que nadie puede ser juez y parte de un asunto, los magistrados señalados en las diligencias de antejucio entraron a conocer el caso sin inhibirse, como correspondía. Ello, en evidente conflicto de interés».

El CACIF se refiere al caso de los Magistrados de la CC Gloria Porras, Bonerge Mejía, José Francisco de Mata Vela y Neftaly Aldana, a quienes esa misma institución otorgó un amparo provisional a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Acción Ciudadana (AC) y Helen Mack, con el cual se deja sin efecto la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de darle trámite a una solicitud de retiro de antejucio.

Según el CACIF, esta resolución se añade a un antecedente en el que la CC emitió un fallo «autoprotegiéndose, a pesar de que la Ley de Amparo, en el artículo 69 expresamente indica, que a los Magistrados se les puede deducir responsabilidades por sus resoluciones”.

«Adicionalmente a ello, la CC ordena el secuestro del expediente, lo que hace evidente el intento de pedir el trámite correspondiente al poner en custodia de los mismos interesados», reiteró.

El Comité agregó que el comportamiento de varios Magistrados de la CC denota un patrón consistente de actuaciones irregulares, de resoluciones emitidas en forma acelerada para responder a requerimientos de «ciertos actores y de criterios emitidos en abierta contradicción con textos legales y constitucionales».

El CACIF exigió que en el marco del Estado de Derecho, las instituciones actúen de conformidad con la Constitución Política de la República.

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