Por Redacción La Hora
lahora@lahora.com.gt
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), presentó esta tarde una solicitud de protección de amparo contra la Corte Suprema de Justicia por causar una violación a derechos humanos y normas constitucionales, esto luego que se dio trámite a las diligencias de antejuicio en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
En el acto reclamado el PDH señala la resolución emitida por la CSJ, en la cual concluyó que resultaba viable continuar con el trámite de las diligencias de antejuicio que fueron promovidas por el abogado José Roberto Hernández Guzmán.
El antejuicio solicitado es contra los magistrados de la CC, Gloria Porras, Neftaly Aldana, José Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía.
lea: Con suplentes, la CSJ de nuevo tramita antejuicio contra magistrados de la CC
La solicitud de la Procuraduría, señala que el acto reclamado contraviene la garantía de independencia de la CC prevista en el artículo 268 de la Carta Magna, además, destaca que la garantía que el legislador constituyente previó en favor de los Magistrados Constitucionales y que impide que puedan ser perseguidos penalmente por los criterios egresados de sus resoluciones.
El documento señala además, que la CSJ al resolver la solicitud que formulara el abogado José Roberto Hernández debió tomar en cuenta que la persecución que la citada persona pretende contra los Magistrados integrantes de la CC, deriva de actos que estos realizaron en el ejercicio de la función que les corresponde como magistrados de la CC.
#AHORA
El PDH Jordán Rodas presenta amparo ante la @CC_Guatemala solicitando dejar sin efecto resolución de Corte Suprema de Justicia que da continuidad diligencias de antejuicio contra los magistrados Gloria Porras, Neftalí Aldana, Jose De Mata y Bonerge Mejía. https://t.co/UEp0TTTZKB— Diario La Hora (@lahoragt) June 26, 2020
“La decisión que se cuestiona viola, además, el principio de la legalidad en materia penal, el cual constituye uno de los elementos centrales de la persecución penal en las sociedades democráticas, pues impone al legislador ordinario la obligación de definir los actos que se consideran punibles en tipos penales determinados”, menciona el amparo presentado por la Procuraduría.