POR REDACCIÓN LA HORA
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Bárbara María Hernández Orego, de nacionalidad cubana fue directora de la Noble Orden Para La Excelencia Humana (NOHE en Guatemala, según sus siglas), una organización no lucrativa, enfocada en derechos de la niñez y adolescencia, la protección y prevención de mujeres y niños, misma que tiene su sede central en Brasil.
La ONG, fue autorizada a través del Acuerdo ministerial 335-2019, del Ministerio de Gobernación (Mingob), bajo la gestión del ex ministro de Gobernación Enrique Degenhart, con fecha 30 de diciembre de 2019, en el cual se establece que la Mandataria de dicha organización, se presentó el 8 y 20 de agosto del 2019, solicitando la autorización para establecer una sucursal de la entidad en la República de Guatemala.
Además, esta organización se estableció en el país aproximadamente en cuatro meses, un tiempo corto en comparación a otras entidades cuyo proceso ha tomado más meses, incluso llegando a un proceso de casi año. Es decir, los tiempos en los que se publica el Acuerdo Gubernativo fueron más rápidos y expeditos en comparación a otros trámites similares que se gestionan en esa cartera.
Posteriormente, a través del Acuerdo Gubernativo 1-2020, del Ministerio de Gobernación, con fecha 2 de enero de este año, se detalla que, en su calidad de Mandataria Especial con Representación de la entidad extranjera, Bárbara María Hernández Orego, solicitó aclaración del Acuerdo 335-2019, en donde según se lee en el Acuerdo, se consignó de forma errónea el nombre de la entidad.
Según información obtenida por La Hora, luego de la expulsión de Hernández de la ONG, por presunta vinculación con pornografía infantil, la entidad permanece inscrita, aunque no cuenta con Mandato ni representación legal, según información del Ministerio de Gobernación.
“Es una Entidad Extranjera inscrita, pero sin mandato ni representación legal, no han inscrito a nadie como representante”, mencionó una fuente oficial del Mingob.
PASAPORTES PARA EXFUNCIONARIOS
En redes sociales circularon imágenes de unos supuestos pasaportes diplomáticos extendidos por NOHE, en donde se incluye a exfuncionarios del Gobierno de Jimmy Morales, y al mismo expresidente, junto su esposa Patricia Marroquín, además del ex diputado Estuardo Galdámez, prófugo de la justicia, y exfuncionarios como José Benito, ministro de Comunicaciones, Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores y Enrique Degenhart, ministro de Gobernación.
Sobre los supuestos documentos, la Cancillería informó que, en esa institución no existe ningún registro de la señora Bárbara Hernández ni de NOHE.
“Estos documentos no fueron emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores”, dijo la directora de Comunicación del Minex, Patricia Letona.
Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), respondió que esa institución no valida ese tipo de documentos.
NOHE BRASIL SIN RESPUESTA
La Hora intentó contactar a los representantes de la sede central de NOHE, en Brasil; para comprobar la veracidad y validez de los pasaportes diplomáticos referidos; sin embargo, no se obtuvo respuesta a los correos electrónicos, llamadas, “inbox” en redes sociales, ni mensajes enviados a través de la red de mensajería WhatsApp al número que aparece en la página oficial de la ONG, aunque los mensajes sí fueron leídos.
SOBRE EL ESTADO MIGRATORIO DE HERNÁNDEZ
El IGM, informó que el 02 de junio recibió una carta firmada por el representante interino de NOHE en Guatemala, identificado como Asdrubal Alejandro Méndez, en donde se informa sobre la situación migratoria de Hernández.
En la misiva remarcan que Hernández fue expulsada de la entidad y que hasta esa fecha no poseía ningún “laissez passer” vigente o algún salvoconducto que ampare su situación migratoria en el país. Al respecto, Migración respondió que, el documento ha seguido el proceso interno, y actualmente está en análisis jurídico.
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DENUNCIA EN CONTRA DE HERNÁNDEZ
El 8 de junio, el diputado Aldo Dávila denunció a Hernández por permanecer en Guatemala sin un permiso de trabajo y por supuestamente hacerse pasar por representante legal de la organización internacional.
El legislador indicó que la denuncia se interpuso por los delitos de falsedad ideológica, uso de documentos falsificados, usurpación de funciones, perjurio, entre otros ilícitos, y será ahora el ente investigador el que determine lo procedente respecto a dicha acción.
