Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI. La congresista habló del apoyo a la FECI. FOTO ARCHIVO.

Por Redacción La Hora
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El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, expresó que arrecieron los ataques de “netcenter” en contra de la unidad de investigación que dirige, previo a que entreguen un informe por la elección de Cortes al Congreso de la República.

“Lo que evidencian es que son las mafias del crimen organizado los que están detrás de esto y están al borde del quebrantamiento de la libertad de expresión. Se están convirtiendo en brazos del crimen organizado”, expresó el fiscal.

Según el investigador con este tipo de estrategias se trata de obstaculizar la acción penal y explicó que “las mafias” quieren verlo fuera del Ministerio Público (MP), además, de que la FECI deje de realizar su trabajo.

“Buscan ciertos momentos que son importantes, en este caso la presentación de ese informe al Congreso, porque de forma reiterada los ‘netcenter’ replican esta situación, y se han dado a la tarea de hacer informe ridículos, sin firmas y personas que no dan la cara”, añadió Sandoval.

El jefe de la FECI dijo que pese a los ataques en redes sociales ellos continúan desarrollando su trabajo, cuya sección de investigación deberá remitir información acerca de los aspirantes a las Cortes del Sector Justicia, cuyo plazo para entregarlo vencerá el 28 de mayo próximo.

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SOBRE EL INFORME

Dicha documentación deberá contener información acerca del Caso Comisiones Paralelas 2020, en la cual se explica una posible influencia en la elección de los magistraturas del Sector Justicia, dirigida, aparentemente, por el empresario Gustavo Alejos.

El informe deberá contener también si contra los candidatos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones existen procesos penales, investigaciones en curso y sentencias condenatorias en procedimientos abreviados u ordinarios.

Esa información deberá ser tomada en cuenta por el pleno de diputados previo a la elección de los magistrados y deberán excluir, según una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), a los profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté comprometida.

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