El caso se conoce en el Tribunal de Mayor Riesgo “B”.

Redacción La Hora
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Tras casi ocho años de estar en prisión, cuatro exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron beneficiados con medidas sustitutivas por el Tribunal de Mayor Riesgo “B”, por lo que recobraron su libertad en un caso en el que están acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales.

La judicatura aludida, presidida por la jueza Irma Valdés, indicó que por igualdad le otorgaba la libertad a los señalados, debido a que Marlene Blanco Lapola, sindicada por los mismos hechos que ellos, ya había sido favorecida con esa medida.

En ese contexto, el Tribunal declaró con lugar la revisión de las medidas de coerción a favor de Israel Chávez y Chávez, Wilder Valdéz López, Lino Efrén García Castillo y Mártir García Hernández, quienes tendrán que firmar el acta en la que se comprometen a cumplir las medidas distintas a la prisión que recibieron.

El órgano jurisdiccional les impuso a los señalados la prohibición de salir del país sin autorización judicial, deberán presentarse cada 15 días a la sede del Ministerio Público (MP) más inmediata a su residencia, esto para garantizar los controles respectivos.

Asimismo, no podrán comunicarse con los órganos de prueba, peritos, testigos y coimputados. La decisión del Tribunal se dio de manera unánime, en el contexto de un proceso que se ha retrasado por múltiples recursos interpuestos por Blanco Lapola.

A pesar de la decisión de la judicatura, García Hernández deberá continuar en prisión ya que cumple condena por otro expediente judicial, situación que fue advertida por el órgano jurisdiccional, sin embargo, este señaló que por igualdad lo incluyó en la resolución.

CASO

Las pesquisas del MP indican que los acusados que hoy fueron beneficiados con medidas sustitutivas integraron una estructura criminal dirigida por la ex directora de la Policía Nacional Civil (PNC), Marlene Blanco Lapola, la cual localizó y asesinó a personas sospechosas de extorsionar a un empresario del transporte urbano.

De esa manera, a ese grupo criminal, mismo que fue investigado en su momento por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), se le atribuye la muerte de Rosa del Carmen Coyoy Ixcot, Lauro Oswaldo Andrino y Jonhy Estuardo Sac Rojas.

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