Por Eder Juárez
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El Ministerio Público a través de la Fiscalía Contra la Corrupción investiga al “Pacto de Corruptos” y de acuerdo con las líneas de investigación una de ellas podría llegar al expresidente Jimmy Morales.
El titular de la Fiscalía Contra la Corrupción, Stuardo Campo dio a conocer que tiene una investigación relacionada con la existencia de un “Pacto de Corruptos”, la cual se inició por orden de la Fiscal General, María Consuelo Porras, para que se diera una investigación y “dentro de algunas de las líneas (de investigación) también figura una investigación relacionada con el expresidente –Jimmy Morales- pero todavía estamos recabando una cierta información” dijo.
Asimismo, Campo aseguró que ya realizan algunas entrevistas y que en el momento en que se esté preparado respecto al “Pacto de Corruptos”, se estarán pronunciando. Esta investigación es aunada a la iniciada el 14 de enero por esa Fiscalía sobre la constitución de una Sociedad Anónima, “Tabacos de Zacapa” donde participa el expresidente y algunos miembros de su familia.
Campo manifestó que todos los fiscales asignados a dicha Fiscalía, tiene la responsabilidad de trabajar fuertemente para poder resolver los casos y pronunciarse en el tiempo que sea posible.
EL PACTO DE CORRUPTOS
El 13 de septiembre de 2017, los diputados llevaron a cabo la Sesión Solemne por el 196 aniversario de Independencia. El entonces presidente Jimmy Morales, durante su discurso, les dijo “legislen” y cuando la Sesión concluyó, los legisladores se quedaron en el Congreso de la República para una sesión ordinaria que pasó a la historia por la aprobación de reformas a favor de la impunidad.
Ese día, el Congreso aprobó de urgencia nacional, con 106 votos a favor, una reforma al artículo 50 del Código Penal que permitía la conmuta a penas de prisión, con lo cual personas con sentencias de 5 a 10 años podrían recobrar su libertad.
Con dicha modificación se pretendía beneficiar condenas de por lo menos 400 delitos, entre ellos los que enfrentan exfuncionarios por casos de corrupción. Otra reforma aprobada de urgencia nacional y que tuvo el apoyo de 105 diputados fue la modificación del artículo 407 inciso O del Código Penal, que se refiere al delito de financiamiento electoral ilícito.
La aprobación de esas modificaciones generó el rechazo de varios sectores de la sociedad hacia los 107 diputados que las apoyaron. Miles de guatemaltecos tomaron las calles y manifestaron durante dos días consecutivos mostrando su inconformidad ante lo sucedido.
La presión de la ciudadanía generó que los diputados sesionaran el 15 de septiembre, Día de la Independencia, y aprobaran con 130 votos un acuerdo donde suspendían el proceso de formación de Ley de los Decretos aprobados.
Sin embargo, ese fue solo el inicio de varias acciones entre diputados, particulares, funcionarios, entre otros, para procurar la salida de la ahora extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y acabar con la lucha contra la impunidad.
