Por REDACCIÓN LA HORA
lahora@lahora.com.gt
La congresista de origen guatemalteco, Norma Torres, señaló que la Fiscal General Consuelo Porras debe abstenerse de abrir cualquier investigación que tenga motivaciones políticas y que no estén respaldadas por los hechos, luego de que ayer el Congreso creara una comisión anticicig para investigar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y a quienes trabajaron con ella.
En un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, Torres manifestó: “Es esencial que el sistema de justicia de Guatemala siga siendo independiente. Con ese fin, la Fiscal General Porras debe abstenerse de abrir cualquier investigación que tenga motivaciones políticas y que no estén respaldadas por los hechos».
Torres se opuso a las represalias en contra de CICIG. “Me opongo firmemente a cualquier represalia contra el personal que fue parte de la CICIG, incluidos los esfuerzos para deslegitimar su trabajo, calumniar su reputación o perseguir casos legales falsos en su contra” señaló Torres en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.
Luego, la congresista de raíces guatemaltecas y que se ha involucrado de cerca a la lucha anticorrupción en el país aprovechó para reconocer una vez más la labor de la Comisión.
“Durante sus doce años de existencia, la CICIG, que fue creada a pedido del gobierno guatemalteco y cuyo mandato fue renovado seis veces por sucesivos presidentes guatemaltecos, hizo contribuciones significativas a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Lo hizo con una amplia cooperación de fiscales, jueces y activistas de la sociedad civil guatemaltecos, y contó con un fuerte apoyo del pueblo guatemalteco y la comunidad internacional”, manifestó.
Después advierte de las represalias en contra de la Comisión que apoyó al Ministerio Público en la lucha contra la corrupción, así como hacia las personas que le ayudaron y remarca que debe ser denunciado por toda la comunidad internacional.
“Desde la partida de la Comisión, los miembros de la clase política de Guatemala han amenazado con represalias contra la CICIG y los muchos guatemaltecos que apoyaron su trabajo. La creación de una comisión especializada dentro del Congreso de Guatemala es claramente parte de este esfuerzo. Es censurable y debe ser denunciado por toda la comunidad internacional”, puntualizó.
“En lugar de perseguir a quienes ayudaron a la CICIG a investigar y enjuiciar la corrupción, el Congreso y el gobierno de Guatemala deberían centrarse en preservar y construir sobre sus éxitos. En la mayor medida posible, los ciudadanos guatemaltecos que anteriormente trabajaron para la CICIG y obtuvieron considerable experiencia investigativa y procesal, deben integrarse en la Oficina del Ministerio Público del Fiscal Especial contra la Impunidad. Asimismo, el Congreso guatemalteco debe actuar para consagrar las reformas legislativas y constitucionales propuestas por la CICIG en 2016, luego de una amplia consulta con una amplia gama de partes interesadas en Guatemala, y que son fundamentales para fortalecer la capacidad de las instituciones de Guatemala para combatir la corrupción y la impunidad”, manifestó.