Por Eder Juárez
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Las declaraciones del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, en las que aseguró que la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Dina Ochoa, lo acompañó a una reunión en la Casa Blanca, para abordar el camino a seguir respecto a la firma del Acuerdo de Tercer País Seguro, que fueron negadas por Ochoa, han generado preocupación por la poca claridad que hay sobre la reunión en la que participaron los funcionarios.
Edgar Ortiz, de la Fundación Libertad y Desarrollo, indicó que la reunión en la que participó la magistrada Ochoa, en Washington, es grave porque la CC estaba conociendo lo referente a la firma del Acuerdo de Tercer País Seguro, y una participación de Ochoa en ese sentido tuvo que ser un motivo para que ella se inhibiera de conocer el asunto.
Ochoa no votó para revocar el amparo provisional y dar con lugar la revocatoria presentada por el Ejecutivo porque se encontraba ausente.
El problema no es la reunión con funcionarios de la Casa Blanca sino el asunto es que si ella fue con el Ejecutivo como lo dijo el Ministro de Gobernación, “tiene que haber una división de poderes, la CC como órgano de control no puede estar sujeta al Ejecutivo, es cierto que fue la magistrada asignada por el Presidente, pero una vez en el cargo no responde al Presidente sino a la judicatura, aquí hay una serie de complicaciones importantes y es de suma importancia saber quién dice la verdad, porque en este momento es la palabra de uno y de otro”, indicó el abogado.
Ortiz señaló que tendría que abrirse una investigación y que el Congreso en todo caso cite al Ministro de Gobernación y lo caree. Hay una responsabilidad de fiscalización del Congreso para averiguar qué ocurrió en esa reunión y en ese viaje, expresó.
Por su lado Renzo Rosal analista independiente dice que hay un nivel de preocupación que debe prevalecer de aquí en adelante. “Esa preocupación tiene que ver que dos funcionarios de Estado están planteando públicamente informaciones cruzadas, el Ministro de Gobernación tomó la palestra para meter a la Magistrada, pero que además hay que tomar en cuenta que se trata de funcionarios altamente cuestionados”, opinó.
Segundo, según Rosal, está claro que el principal operador en conjunto con la Canciller, del avance de la agenda migratoria en este caso de Guatemala es el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.
“Lo que buscaría el Ministro en involucrar a Ochoa, es para decir que esa decisión que tomó la CC, tiene la venia de Washington y Dina Ochoa funcionó como operadora, interlocutora para hacer prevalecer ese criterio, lo cual es más grave, porque se estaría diciendo que el Gobierno de los Estados Unidos se inmiscuyó directamente en la decisión que tomó la CC”, indicó.
A la magistrada Dina Ochoa se le preguntaron los detalles de quienes la habían invitado, asegurando que fueron funcionarios de la Casa Blanca, sin dar nombres. Se le preguntó nuevamente quiénes habían participado en dicha reunión y remitió un comunicado en el que tampoco dio detalles de dicha reunión.
En el comunicado señaló que su visita fue por un compromiso familiar académico y durante la misma atendió una invitación formulada hace unas semanas por el Gobierno de EE. UU. para sostener una reunión con personeros de la Casa Blanca y de otras instituciones de ese país.
