POR HEDY QUINO
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En el Congreso se discute una ley que presentó el oficialismo que establece castigar, hasta con dieciocho años de prisión, a los padres de los niños, niñas y adolescentes que migren de manera irregular.
A criterio de expertos en política y temas de niñez, la iniciativa lo que en realidad busca es congraciarse con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para garantizarse impunidad, más allá de solucionar la problemática de migración, especialmente la de los menores de edad.
Los diputados del partido oficial, Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación), que presentaron esa propuesta son Javier Hernández, Ileana Calles y Herber Melgar Padilla, jefe y subjefes de esa bancada, respectivamente. Además, fueron estos dos últimos los que pidieron a la instancia de jefes de bloque que se colocara la discusión en agenda.
Por último, la iniciativa de ley contemplaba un criterio de oportunidad para los padres que resultaran señalados, pero la propuesta perdió ese mecanismo en la comisión que la analizo y dictaminó.
Mientras el presidente Jimmy Morales busca que se aplique el Acuerdo de Protección Migratoria que firmó con Estados Unidos, nombrado por el propio presidente Trump como de Tercer País Seguro, tras amenazas a las remesas y exportaciones de Guatemala, la semana pasada, el pleno de diputados aprobó en primer debate de tres la “Ley de protección a la niñez y adolescencia que sean trasladados fuera de las fronteras del país sin la documentación legal migratoria”, registrada con el número 5537.
ROSAL: ES UNA LEY RETRÓGRADA
El politólogo Renzo Rosal calificó como retrógrada la iniciativa de ley, pues forma parte de la corriente que criminaliza a los migrantes. “Lo que buscan es seguir insistiendo en las consecuencias de la migración, mientras se hacen los locos ante la irresponsabilidad del Estado de atender las causales que motivan la migración en general”, dijo.
“Este tipo de iniciativas son muy perversas. Además, son parte de las corrientes globales, pues en Estados Unidos, actores muy cercanos a Trump, están impulsando leyes muy similares a esta”, reiteró Rosal.
PRETENDEN SALVARSE ELLOS MISMOS
El experto en política no descarta que esta iniciativa de ley se hiciera pensando en la salida del presidente, Jimmy Morales, pues de esta manera el oficialismo quedaría bien con Estados Unidos y esto a su vez les garantizaría impunidad o privilegios.
“Está visto que esta recta final del Gobierno de Morales y la misma legislatura del Congreso están queriendo quedar bien, pero quedar bien, para salvarse ellos mismos. Con este tipo de iniciativas lo que están tratando de garantizar es impunidad o por lo menos que Estados Unidos los vea con buenos ojos”, enfatizó Rosal.
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ATENTA LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Para la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), esta iniciativa de ley no solo busca congraciarse con Estados Unidos, sino violenta los derechos de la niñez y adolescencia, pues el Gobierno de Morales no solo no ha garantizado la protección de los menores de edad y ahora busca criminalizar a sus padres por migrar a otro país.
El secretario ejecutivo de Ciprodeni, Otto Rivera, indicó que la ley en mención, se basa en el artículo 1 de la Constitución, que se refiere al fin supremo del Estado, siendo uno de ellos la protección a menores en cuanto a salud, alimentación, educación y seguridad, sin embargo, el Gobierno del FCN no se ha preocupado en garantizarles estos derechos a los niños, niñas y adolescentes.
Rivera explicó que, desde el inicio de la presidencia de Morales el índice de desnutrición crónica a nivel nacional aumentó. “El promedio de desnutrición crónica, antes del oficialismo, era del 47%, actualmente es del 70% y en los municipios del corredor seco alcanza el 90%”, enfatizó.
El consultor detalló que, en materia de protección, en el Gobierno de Morales se registran 66 mil mujeres menores de edad que han resultado embarazadas, producto de abuso y de violencia sexual. En relación a las muertes violentas de menores también han ido en aumento.
“A esto se suma la crisis migratoria de menores de edad, más de 26 mil niños, niñas y adolescentes están detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. Además, 900 menores comprendidos en la edad de primera infancia siguen separados de sus familiares en ‘albergues’ en Estados Unidos”, apuntó Rivera.
“En el contenido de esta ley dice que se basa en el interés superior del niño, esto es absolutamente falso”, expresó el entrevistado.
En relación a las penas de cárcel que se les impondrían a los padres de los menores migrantes, que establece esa ley, Rivera dijo que el Gobierno no cuenta con las condiciones ni técnicas o infraestructura para atender a la niñez y adolescencia, en caso de ser separados de su familia.
“Nosotros hemos hablado con la Secretaría de Bienestar Social y nos han dicho que no existen estas condiciones para albergar y proteger a los niños y niñas”, declaró el Secretario Ejecutivo de Ciprodeni.
“Por donde uno lo quiera ver, la iniciativa de ley tiene cualquier cosa, menos un enfoque de derechos humanos. Esta ley evidencia una vez más, que la niñez y adolescencia no es una prioridad para el Estado”, concluyó Rivera.
OFICIALISTA DEFIENDE LA LEY
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La diputada oficialista Ileana Calles indicó que el principal objetivo de dicha ley es proteger al niño, niña y adolescente. “La ley sí protege al niño, porque lo principal es evitar que el niño se vaya en condiciones paupérrimas a otro país, sobre todo a Estados Unidos”, dijo.
La diputada añadió que el Estado debe velar para que los niños no se vayan, pues en algunos casos, los menores mueren al cruzar la frontera. “Es cierto hay necesidades… Pero, hay que ver la protección del niño para que no se vaya”, añadió.
La oficialista indicó que la ley no castiga a los padres, pues en la propuesta original, se contemplaba un criterio de oportunidad, el cual de alguna manera evitaría que estos fueran a prisión.
Uno de los artículos de la propuesta original indicaba: “El delito cometido por el padre o la madre o ambos se beneficiarán con la aplicación del criterio de oportunidad, que determinará el juez de conformidad con las circunstancias del caso”.
Sin embargo, este criterio de oportunidad que mencionó Calles, fue retirada al momento que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado oficialista, Adim Maldonado, emitiera dictamen favorable a dicha ley.
Calles negó que esta ley fuera hecha para congraciarse con Estados Unidos y que, al contrario, fue elaborada para atender el problema de la migración. “No precisamente porque allá en los Estados Unidos nos está diciendo hagamos esto o hagamos lo otro”, enfatizó.
“Existen algunos casos que los niños son utilizados para la trata de personas, por lo que la ley busca evitar esto. La ley busca como mínimo proteger al niño, no es tanto para congraciarse con el otro país”, reiteró la oficialista.
ESTO ESTABLECE LA INICIATIVA 5537
-El proyecto de “Ley de protección a la niñez y adolescencia que sean trasladados fuera de las fronteras del país sin la documentación legal migratoria”, registro número 5537, crea el delito de “coyotaje” en el Código Penal.
-Según la iniciativa, el delito de coyotaje se comete al momento que una persona realice la captación, el transporte, traslado, retención, acogida o recepción de una o más personas con el propósito de internarlos ilegalmente en otro país. Esto sin importar que sea el padre que migre, con su hijo menor de edad, a otro país de forma irregular.
-Este delito será sancionado con ocho a dieciocho años de cárcel y con una multa de Q300 mil a Q500 mil. “Pero si quien cometió el delito es el padre de la víctima la pena será de uno a cinco salarios mínimos”, dice la ley.
-La ley 5537 impone penas más fuertes a la persona, incluyendo padres, si está trasladando a un menor de edad, sin importar que sea su hijo. “La pena a imponer se aumentará en dos terceras partes si la acción se hubiere ejecutado con simulación de autoridad o si la víctima es persona menor de 18 y mayor de 14 años; en tres cuartas partes si es menor de 14 y mayor de 10 años de edad; y del doble si la víctima es persona menor de 10 años”, dice la ley.
