Por Cristian Velix
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El Juzgado de Mayor Riesgo “A” remitió un oficio al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), con el fin de que se realizara una nueva evaluación médica a la excandidata a la Presidencia, Sandra Torres, sindicada en el Caso Financiamiento Electoral Ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2015.
Dicha acción se da luego que la jueza Claudette Domínguez, titular de dicha judicatura, ordenara que se le realizara el examen clínico, ya que la defensa de Torres expresó que ella sufre de un edema y dolor para mover la muñeca izquierda, situación por la que, según un informe médico, ella debe usar un cabestrillo.
La representación de Torres requirió a la juzgadora que ella sea trasladada hacia un centro asistencial, sin embargo, Domínguez manifestó que decidirá si admite esa solicitud hasta que reciba el dictamen del Inacif.
De momento, la ex primera dama sigue recluida en el Centro de Detención Mariscal Zavala, esto mientras se dilucida su situación legal en este proceso penal.
DEFENSA HA INSISTIDO EN ENFERMEDAD
En la audiencia de motivos de detención llevada a cabo el 2 de septiembre, la defensa de Torres refirió que ella tenía hipertensión, neuralgia y arritmia cardíaca, por lo que pidió que fuera trasladada al Sanatorio Los Pinos, sin embargo, la jueza lo rechazó.
A pesar de que Domínguez no aprobó el envío al centro médico, indicó que fuera evaluada por el Inacif, entidad que manifestó que no era necesaria su salida del centro de detención, argumentando que estaba clínicamente estable.
No obstante, esa misma institución, en un nuevo dictamen, determinó que Torres necesita de constante monitoreo y de apoyo psicológico que le apoye para sobrellevar su situación actual. En esa medida, la jueza instruyó a los abogados de la expresidenciable para que propongan un experto que le dé acompañamiento en las audiencias.
EL CASO
La exaspirante a la primera magistratura del país, según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), consintió al menos siete aportes, con una suma conjunta cercana a los Q6 millones, los cuales no fueron reportados por la UNE al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Ella está señalada por los delitos de financiamiento electoral ilícito y asociación ilícita, en una carpeta judicial en la que se detalla que la agrupación política que la postuló para la Presidencia, presuntamente, no reportó un monto total cercano a los Q28 millones en la campaña electoral de 2015.
