Por Cristian Velix
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El diputado Estuardo Galdámez se presentó esta mañana a la Sala Segunda de Mayor Riesgo para entregar sus pruebas de descargo, por la solicitud de retiro de antejuicio que hay en su contra, debido a su posible participación en los hechos investigados en el Caso Tigo.
El congresista llegó minutos antes de que se realizara la audiencia y se trasladó al octavo nivel de la Torres de Tribunales, en donde se encuentra la judicatura, por el único elevador que está funcionando en este momento en el edificio.
El legislador dijo que solo llegaba al lugar para la audiencia en la que desvirtuará los hechos por los que se le vincula al expediente judicial, “solo vengo a eso”, reiteró y añadió que posiblemente después de la diligencia brindaría declaraciones a la prensa.
“Ahorita no me perturben, no me distorsionen la mente, porque vengo concentrado; ¿ustedes saben qué es eso?, como cuando uno se presentaba a un examen final, ¿se recuerdan?, llegaba uno concentrado, no quería distracciones de ninguna naturaleza”, afirmó el también expresidenciable.
Posteriormente, Galdámez se dirigió a la sala en la que se llevaría a cabo la citación, luego de que la misma no se desarrollara en tres ocasiones anteriores debido a que el congresista dijo sufrir enfermedades estomacales y virus en la sangre, así también como a las actividades realizadas en las Comisiones de Postulación por Edwin Ruano, juez pesquisidor en este procedimiento.
A pesar de las pocas palabras emitidas hoy por el diputado, en la tercera citación (en la que no estuvo Ruano) y que se programó para el 30 de agosto pasado, el legislador manifestó ser inocente y agregó que él era independiente, además de que su voto “no valía un centavo”.
HECHOS
Las investigaciones señalan que Galdámez pudo haber recibido pagos bimensuales con el fin de que se sancionaran determinadas leyes. Los pagos, indican las averiguaciones, fue por un monto de Q50 mil, los cuales provenían de la empresa Tigo.
Las pesquisas realizadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) indican que las coimas eran canalizadas por medio de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Entre las normativas que se aprobaron mediante ese procedimiento se encuentra la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, la cual presuntamente benefició a la empresa Tigo.
