Por: Cristian Velix
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El Juzgado Undécimo de Instancia Penal, a cargo del juez Eduardo Cojulún, giró una orden de captura en contra de Alejandro Sinibaldi, extitular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), esto por el Caso Seguridad y Transporte.
Con ello el excandidato a la comuna capitalina acumula señalamientos y órdenes de detención por los casos Cooptación del Estado, Construcción y Corrupción, Odebrecht y en este último expediente, que es la segunda fase de la investigación del Caso Transurbano.
En esta ocasión la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) requiere la aprehensión de Sinibaldi por el delito de lavado de dinero u otros activos, por presuntas anomalías en los contratos de seguridad para el Transurbano.
En esa línea, las investigaciones establecen que en ese evento se benefició por casi Q1 millón a las empresas Seguridad ASA, S. A. y Servicios Marítimos y Aéreos del Norte S. A., entidades presuntamente de cartón que tienen relación con el ex funcionario público. Esos recursos, indican las averiguaciones, se utilizarían para contratar agentes de seguridad para esos buses en la ciudad de Guatemala.
Los hechos se remontan a cuando Sinibaldi era diputado en el Congreso de la República y las pesquisas se apoyan en cheques que evidencian esos pagos, declaraciones testimoniales y documentos que demuestran el dominio del exministro en esas sociedades.
LOS HECHOS
Según las investigaciones realizadas por la FECI y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante 2008 y 2009 se propuso por parte de integrantes de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) implementar un sistema de seguridad para el Transurbano.
Dicho planteamiento se hizo a funcionarios del Gobierno de Álvaro Colom, cuya administración autorizó el subsidio para ese procedimiento, para lo que entregó a la AEAU alrededor de Q80 millones, de los cuales Q17 millones se sustrajeron a favor de una estructura criminal.
Esa red ilícita, explican los entes investigadores, estaba integrada por miembros de la AEAU y la entidad Protección Metropolitana S. A., la cual recibió el contrato de seguridad, desatendiendo, aparentemente, la Ley de Contrataciones del Estado.
