El informe sobre la petición de retiro de antejuicio presentado contra el diputado Armando Escribá ya fue enviado a la CSJ. Foto La Hora

Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

El juez pesquisidor, Harold Ortiz, envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el informe acerca de las diligencias realizadas por la solicitud de retiro de antejuicio en contra del diputado Armando Escribá, señalado en el Caso Construcción y Corrupción.

El magistrado de la Sala Segunda de Mayor Riesgo remitió dicho documento a la alta Corte del Organismo Judicial (OJ), luego que finalizara el plazo para realizar el procedimiento en el que debe recomendar si se le levanta la inmunidad o no al congresista.

De momento se desconoce si Ortiz decidió que se le quitara el antejuicio al parlamentario, sin embargo, será la CSJ la que finalmente determine si se le elimina ese derecho para que sea investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Previo a que el juez pesquisidor enviara el informe el proceso tuvo varios contratiempos debido a que Escribá interpuso diversos recursos, entre ellas excusas médicas para detener su comparecencia en la judicatura a la que era citado.

De hecho, el proceso estuvo detenido debido a una recusación que el legislador puso en contra del magistrado que realizó las diligencias de retiro de antejuicio, aduciendo, en la misma, que tenía una enemistad severa, argumento que fue rechazado.

Ese procedimiento se remonta a septiembre de 2018, cuando la FECI requirió que se le retirara el antejuicio por presuntamente cometer los ilícitos de concusión y fraude, petición a la que, en su momento, la CSJ le dio trámite.

SEÑALAMIENTOS

Según las investigaciones, cuando Escribá era funcionario público en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), él benefició con la adjudicación de contratos a empresas con las que tenía relación.

De esa forma recibieron contratos, indican las pesquisas, las entidades Montañas Nacionales S. A. y Señalamiento Vial de Centroamérica S. A. (Sevica), quienes recibieron cuatro adjudicaciones por alrededor de Q194 millones.

Las pesquisas establecen que el congresista pudo haber aprovechado su cargo para conseguir o procurar beneficios a su favor o de familiares como Jessica Romero, aparentemente su pareja, y Luis Beltetón, presuntamente su cuñado.

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