Por Eder Juárez
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Tras darse a conocer una serie de denuncias sobre casos investigados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad, analistas consultados urgen al Ministerio Público la judicialización de estos procesos.
Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indicó que definitivamente es urgente que si los casos ya se encuentran avanzados y si hay solidez en la información que trasladen al Ministerio Público, este debe dar muestras de agilidad de manera que no se piense que con la finalización de la CICIG “se fue el gato para que los ratones hagan fiesta”.
Se le urge a la fiscal general, Consuelo Porras a atender estos casos, “porque es ella la que tiene el desafío de demostrar con acciones que la lucha contra la impunidad no sufre merma y no es neutralizada a partir del cambio de la fiscal anterior Thelma Aldana y la salida de la CICIG, entonces debe mostrarlo con hechos, las palabras se las lleva el viento”.
Además, refiere que es una buena señal que el fiscal, Juan Francisco Sandoval, continúe a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, como lo anunció ayer la Fiscal General, “es una buena seña porque él goza de credibilidad y es una persona que es sumamente competente y la experiencia que ha adquirido con CICIG y en la medida que se le dé respaldo y se le dé independencia, es una garantía para que el seguimiento de los casos puedan avanzar”.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, dijo que definitivamente es urgente que el Ministerio Público judicialice estos procesos. “Hay que dejar de lado en el tiempo, si CICIG o no CICIG, es el punto en el que aquí obligadamente el MP debe de cumplir con lo que le manda la Constitución que no sólo es la recta aplicación de la Ley sino el uso imperativo de la acción penal en los casos en donde se ameriten y aquí hay indicios racionales y más que razonables en el que debe actuar”.
Orellana refiere que la Fiscal General debe autorizar la judicialización de estos procesos porque “sería desmoralizador que tomara una actitud contraria y volviera a la pasividad que le ha caracterizado, porque entonces sí realmente estaría la ciudadanía prácticamente justificada para tomar otras medidas de hecho”.
Asimismo, indicó que lo que existe en este momento son indicios razonables para que cualquier juez inicie formalmente una investigación: “No creo que CICIG se hubiera arriesgado a ser pública esta información sino tuviera por lo menos la sensación o convicción de que constituyen indicios razonables para el inicio de una investigación criminal, no se justifica, hubiera sido una irresponsabilidad”.
Además, refiere que estos casos son tan importantes en este momento en que se están eligiendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, “este es el momento en que se podría contribuir a sanear en gran medida todo este proceso”, señaló.
